La historia de los pueblos suele estar cargada de símbolos, mitos y relatos fundacionales que buscan otorgar legitimidad a un presente conflictivo. En el caso del Estado de Israel, la narrativa del “retorno” a la Tierra Prometida se ha erigido como justificación suprema de un proyecto político que, en la práctica, tiene nada de continuidad semítica y todo de trasplante europeo. La llamada *diáspora judía* —proceso que comenzó con el exilio babilónico en el siglo VI a. C. y se intensificó tras la destrucción del Segundo Templo en el 70 d. C. y la derrota de la rebelión de Bar Kojba en 135— es una realidad histórica. Pero lo que resulta absurdo es que casi dos milenios después se presente como “derecho” el retorno masivo a Palestina de poblaciones cuya genealogía no es semítica, sino predominantemente asquenazí, es decir, judíos centroeuropeos eslavizados, germanizados o polonizados a lo largo de los siglos.
La invocación del “derecho histórico” se convierte así en un artificio. Ni remotamente son descendientes directos de quienes habitaron Judea y Galilea antes de la represión romana, sino de comunidades europeas que construyeron su identidad judía en las tierras frías del Rin, del Danubio o de las estepas ucranianas. El mito del regreso a *Eretz Israel* es, entonces, una operación de nostalgia religiosa convertida en proyecto colonial moderno. Es como si los visigodos del norte de Alemania reclamaran Toledo en nombre de su antigua capital peninsular, o como si los descendientes de los normandos quisieran hacer valer un “derecho histórico” sobre Sicilia.
Pero en Palestina la consecuencia no ha sido un mero gesto retórico, sino la construcción de un Estado sobre la base de la exclusión. Israel nació en 1948 en un territorio habitado mayoritariamente por palestinos árabes, musulmanes y cristianos, a los que se despojó con guerras, expulsiones masivas y un proceso que la historia recuerda como la *Nakba*. A partir de ahí, la paradoja es doble: se afirma el derecho de europeos judíos a “volver” a una tierra que nunca habitaron sus ancestros directos, mientras se niega el derecho elemental de los palestinos expulsados —esos sí, habitantes de la tierra desde hace siglos— a regresar a sus casas y a sus olivares.
La raíz del problema está en que Israel reproduce los esquemas clásicos del colonialismo europeo. No es casual: sus fundadores eran, en gran medida, hombres y mujeres formados en la cultura política de Europa central y oriental, marcada por el nacionalismo excluyente del siglo XIX y por la experiencia del racismo sistemático que desembocó en el Holocausto. Al huir de esa persecución, crearon en Medio Oriente un espejo trágico: un Estado que se define no por la igualdad de sus habitantes, sino por la pertenencia étnico-religiosa, y que aplica políticas de limpieza territorial contra la población originaria. Lo que hicieron los europeos en América, África y Asia —desplazar pueblos enteros en nombre de la “civilización”— lo replicaron los colonos sionistas en Palestina en nombre del “retorno”.
La contradicción es brutal. Quien estudia los textos históricos sabe que los judíos de Judea del siglo I d. C. eran semitas, hablaban arameo y hebreo, y compartían cultura con otros pueblos de la región. Pero los judíos asquenazíes de Polonia, Alemania o Rusia que llegaron en las olas migratorias del siglo XX no tenían nada de semitas: eran europeos de lengua y cultura eslava o germánica, convertidos al judaísmo muchos siglos después. Si acaso, su “semitismo” era religioso, no étnico. Sin embargo, al ocupar Palestina se apropiaron también del término “antisemitismo” para blindarse de toda crítica, como si los árabes —estos sí, semitas en lengua, cultura y origen— no existieran o no merecieran protección frente a las prácticas de segregación que sufren en su propia tierra.
La política israelí de las últimas décadas ha sido consistente: apropiación de tierras, expansión de asentamientos, muros de separación, control militar, detenciones arbitrarias, bombardeos sistemáticos. Todo ello bajo el discurso de la seguridad y de la defensa de un “derecho histórico” inexistente. Lo que desde 1948 se defiende es en realidad un proyecto colonial euro estadounidense disfrazado de redención bíblica. Los europeos que siglos atrás persiguieron, guetificaron y exterminaron a los judíos han sido involuntariamente sucedidos por los descendientes de esas víctimas, que hoy reproducen en Palestina los mismos mecanismos de exclusión, limpieza y supremacía étnica que tanto sufrieron.
La paradoja histórica no puede ser más cruel: un pueblo perseguido por ser distinto en Europa funda en Asia un Estado que persigue a los que considera distintos dentro de su territorio. Y lo hace amparado en un mito de retorno que, al revisar con mínima seriedad histórica, se revela como una falacia. La diáspora fue real, pero el “derecho de retorno” tal como se plantea es falaz, anacrónico, descontextualizado y profundamente injusto, porque ignora a quienes han habitado esa tierra durante los mucho más de los últimos dos milenios.
Decir que Israel es “el hogar natural del pueblo judío” es tan inverosímil como pretender que España pertenece hoy a los descendientes de los íberos o que Turquía deba devolverse a los troyanos. La historia no funciona como comodín político para justificar despojos actuales. Los pueblos evolucionan, se mezclan, cambian de lengua y de religión. Pretender una línea ininterrumpida de derecho étnico sobre un territorio es ignorar la esencia misma de la historia: el mestizaje, la movilidad, la transformación constante de las sociedades.
El resultado de esa lógica torcida es que Palestina se ha convertido en escenario de una limpieza étnica gradual, legitimada por el lenguaje del “derecho histórico”. Israel controla fronteras, cielos, mares, recursos, y a millones de palestinos que viven confinados en Gaza y Cisjordania no solo se les niega un futuro digno, se les masacra. El “retorno” se convirtió en expulsión, el mito en arma. Lo que debía ser refugio del pueblo judío se transformó en máquina de opresión de otro pueblo.
Aquí la reflexión se vuelve ineludible: lo que ocurre en Palestina no es un fenómeno aislado, sino la calca de las invasiones coloniales que Europa ejecutó en África y América. Los mismos mecanismos de apropiación, segregación y violencia que aplicaron los belgas en el Congo, los británicos en Kenia o los españoles en México reaparecen en Cisjordania con otro ropaje. La retórica del “pueblo elegido” no difiere de la “misión civilizadora” europea. Tampoco está lejos del *destino manifiesto* estadounidense que, en el siglo XIX, justificó el despojo y exterminio de pueblos originarios en la expansión hacia el oeste. El muro israelí recuerda a las líneas de fuertes y ferrocarril que avanzaban sobre territorio indígena estadounidense; los asentamientos son equivalentes a los ranchos de colonos armados en la frontera; la negación del otro es el mismo lenguaje de barbarie que se usó contra nativos africanos y americanos.
No es posible ignorar la dimensión moral de este proceso. Europa no expió su racismo entregando a los judíos un Estado en Palestina; lo que hizo fue trasladar el conflicto y cargar sobre los palestinos las consecuencias de siglos de antisemitismo europeo. El sionismo, más que un movimiento de emancipación, fue el último capítulo del colonialismo occidental. Y al día de hoy, lo que persiste es un Estado que, en nombre de un derecho de retorno inexistente, practica políticas que el derecho internacional reconoce como violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Por eso resulta urgente desenmascarar el absurdo: no existe un derecho histórico de retorno de judios europeos asquenazíes a Palestina. Lo que existe es el derecho contemporáneo e inmediato de los palestinos a vivir en paz en su tierra, a regresar a sus casas, a cultivar sus campos, a rezar en sus mezquitas e iglesias. Lo demás son narrativas míticas utilizadas para justificar un colonialismo tardío y afincar la presencia armada estadounidense en la región, todo disfrazado de épica bíblica. La comunidad internacional está obligada a manifestar su rechazo a los acontecimientos en Palestina, incluyendo a México.
