Decenas de miles de migrantes transitan al norte de México. A las ciudades fronterizas llegan repatriados, migrantes internos y migrantes internacionales. Una encuesta levantada en Ciudad Juárez en 2020 encontró que 3.4 por ciento de las mujeres migrantes estaban embarazadas. Diversos informes y denuncias señalan que a muchas se les niega atención médica, tienen dificultades para pagar el costo de la atención y para recibir servicios adicionales para ellas o sus hijos.
El estudio elaborado por Lizeth Jiménez Paredes forma parte de la última publicación del Consejo Nacional de Población (Conapo) sobre migración y salud; se focalizó en las experiencias de las personas migrantes gestantes al recibir cualquier tipo de atención médica del sistema público de salud, de hospitales privados o de parteras (disponible en: https://shorturl. at/ajsyA). Se analizaron datos estadísticos y entrevistas a 15 informantes durante marzo y mayo de 2023 en la zona de la frontera norte de México, en Tijuana, Baja California. Las preguntas versaron sobre sus experiencias al acceder a una atención durante y después del embarazo, así como de violencia obstétrica. Las informantes fueron mujeres que viven en el albergue de Espacio Migrante AC, en comunidades de fuera y pacientes de la organización Justicia en Salud AC; la mayoría era de nacionalidad haitiana o guatemalteca, otras de El Salvador, Honduras y Venezuela; gran número de ellas llevaba más de un año en México y 14 por ciento no contaba con ningún estatus migratorio.
La violencia obstétrica es un acto u omisión de un profesional de la salud que ocasiona un daño físico o psicológico a la gestante durante el embarazo, parto o posparto: desde la falta de acceso al servicio de salud, el trato cruel o inhumano, el abuso de medicación o cualquier acto que impida a la gestante decidir de manera libre sus procesos reproductivos. Este tipo de violencia prevalece aún después del nacimiento del infante, a quien pueden negarle el derecho a la identidad y la nacionalidad mexicana. La violencia obstétrica está contemplada en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en 28 de las 32 entidades federativas.
La mayoría de las mujeres entrevistadas experimentan discriminación y no cuentan experiencias positivas. Algunas recurren a las parteras, quienes son más accesibles y son de bajo o de ningún costo. Cerca de la mitad de las informantes accedieron a consulta prenatal pero a 46.6 por ciento les fue negado este servicio por no contar con los documentos que solicita el sistema de salud, 26 por ciento accedió a la atención médica gratuita que brinda la organización Justicia en Salud, 13.3 por ciento no la obtuvo, 6.6 por ciento debió pagar las consultas y otro 6.6 por ciento accedió una vez que el Ministerio Público intervino. Sin embargo, quienes declararon acceder al servicio de salud lo valoran negativamente: “Durante mis consultas la doctora me tocaba muy feo y me hablaba de manera grosera, yo no le entendía muy bien lo que me decía, por lo que quise pasar con mi pareja, quien es mi intérprete, pero la doctora se negaba y nos gritaba. Mi esposo le explicó que yo era de Guatemala y ella respondió que hasta donde ella sabía en Guatemala se hablaba español. No obstante, yo hablo mam (maya)”. 73.3 por ciento declaró haber sufrido violencia obstétrica durante el parto, en mayor proporción cuando la gestante no es hablante del español: o no recibe atención médica o la reciben con malas maneras, con insultos verbales, aislamiento y procedimientos sin consentimiento: “La doctora me dijo que a las haitianas las tienen que amarrar durante el parto porque no se dejan y nosotros no tenemos necesidad de migrar como los ucranianos”; 33 por ciento declaró sentir un trato diferenciado del personal de salud: “No me querían dar los documentos de mi bebé para la partida de nacimiento y que tuviera la nacionalidad mexicana”. De 26 por ciento de mujeres que requerían interpretación (del kreyol haitiano y el mam) 38 por ciento no contó con este servicio, ninguna durante el parto; 80 por ciento de las informantes denunciaron que fueron presionadas para colocarse un dispositivo anticonceptivo tras el parto para que no se embarazaran. 40 por ciento de las madres declaró que su hijo al nacer recibió un trato diferente por el personal de salud en comparación con los hijos de padres mexicanos, 20 por ciento de los hijos estuvieron sin acta de nacimiento por más de un año.
Es necesario acercarse a las gestantes en contextos de movilidad para evitar discriminación y comprender sus necesidades, para acceder a un parto humanizado y digno que todas merecen: urge ampliar la infraestructura y promover prácticas médicas culturalmente inclusivas, contar con suficientes intérpretes e integrar a las parteras con el sistema de salud, así como mejorar los trámites para el registro de nacimientos. El reto implica cambiar la cultura institucional para que el personal de salud trate con dignidad a todas las personas sin importar su nacionalidad, estatus legal, condición social, idioma o rasgos físicos.
