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Razones

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Hay una explicación a los varios diferendos que el presidente López Obrador ha sostenido con los institutos autónomos ciudadanos. Este pasa por la concepción de Estado y la difusión de su responsabilidad. Tanto el INAI como el IFE fueron concebidos durante el neoliberalismo con fines de legitimación. Desde luego, porque por varios años tales institutos autónomos han sido funcionales a los factores dominantes de poder en la era neoliberal; han servido, además, para lavar cara. Es justo lo que está ahora en disputa con la revocación. Las élites removidas de la esfera de las decisiones, esas que durante tres años alimentaron un clima de confrontación y boicot con la Cuarta Transformación porque simplemente es irreconciliable con el diseño original, posrevolucionario, del Estado mexicano. Justo lo que se hizo durante el periodo neoliberal. Justo lo que la 4T reconstruye sobre bases diarias. Todo parece indicar que los adversarios entendieron que las posturas irreconciliables son malas para los negocios y se acercaron a dialogar con el presidente López Obrador.

Es claro que son concepciones distintas, pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar en un proyecto común. El país original de ésas élites económicas. La generación y acumulación de ganancias es la consigna del capitalismo, eso llevado a la lógica empresarial corporativa conduce a justificar aberraciones políticas como los fascismos. Es la historia del siglo XX. Más intensa desde los años 80 hasta hace apenas tres años.

El modelo de Estado y sociedad propuesto por la Cuarta Transformación es ajeno al neoliberalismo, no al capitalismo. Esto implica un tipo de capitalismo contenido donde el interés del capital se identifica con el interés común del país. Esto es, el bienestar de los gobernados todos. No solo el de las élites. Es posible diseñar un Estado donde las reglas del juego prioricen siempre el beneficio para todos y, cuando eso no es posible, las compensaciones para los afectados porque su interés es legítimo.

El INE se ha hecho acreedor de una demanda penal por parte de la Cámara de Diputados al proponer el ejercicio de consulta sobre la revocación del mandato. Se entiende que no quieren propiciar una institucionalidad que no podrían reversar cuando eventualmente lleguen nuevamente al poder. Por eso la disputa. En el fondo la diferencia es el modelo de Estado.

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