Entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), apoyado por elementos de la Guardia Nacional y de la policía de la Ciudad de México, desalojó a los 432 migrantes que mantenían un campamento en la plaza Giordano Bruno de la colonia Juárez, acción celebrada por los vecinos que desde meses atrás exigían el retiro de los extranjeros, pero cuestionada por las fallas de fondo y forma en el respeto a los derechos humanos de los acampantes. Al apersonarse en el sitio para felicitar a sus subordinados por cumplir con la misión que tenían encomendada, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, hizo declaraciones que denotaron su falta de sensibilidad hacia la situación de los migrantes en cuestión, así como un total desinterés por su suerte.
Al divulgarse lo ocurrido y después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al INM ofrecer detalles sobre el operativo, el organismo aseguró que se realizaron labores de convencimiento para trasladar a los migrantes a albergues y otros espacios con el objetivo de atender sus necesidades, así como para regularizar su situación migratoria. Autoridades capitalinas coincidieron en que no se trató de un desalojo, sino de un retiro consensuado. Estas versiones quedan en el entredicho no sólo porque el despliegue de fuerzas del orden difícilmente se justifica en un escenario de consenso, sino por los testimonios de los propios afectados, quienes señalaron sentirse intimidados y desconocer adónde se les conduciría.
En lo inmediato, es urgente esclarecer el paradero de todas las personas que pernoctaban en la plaza referida, tanto quienes abordaron autobuses del INM como quienes aceptaron recibir la tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH) y las que, a decir del instituto, se marcharon por su propio pie porque ya contaban con documentos que acreditan su condición regular en el país. También es necesario aclarar los protocolos que se siguieron al abordar a los migrantes (en su mayoría haitianos y venezolanos) y sancionar cualquier violación a sus derechos humanos que haya podido cometerse en el curso del dispositivo de desalojo o retiro voluntario.
De manera más amplia, la admisión de que los migrantes fueron expulsados en respuesta a las protestas de los vecinos –quienes camuflan su hostilidad clasista y xenófoba contra centroamericanos y caribeños en un discurso de presunta preocupación por su bienestar– son un recordatorio de que la única medida humanitaria y eficaz para facilitar la estancia de los refugiados en México consiste en agilizar la regularización de su estatus migratorio, sin importar que algunos grupos tengan el propósito de permanecer aquí y otros estén de paso en su trayecto hacia territorio estadunidense. Mantenerlos en un limbo jurídico potencia su vulnerabilidad a inadmisibles expresiones de odio y les dificulta ganar el sustento que requieren para sí mismos y sus familias, lo cual añade penalidades innecesarias a las que ya han sufrido en su desplazamiento.
