Javier Duarte de Ochoa no terminó su periodo de gobierno. En las postrimerías de su administración pidió licencia para huir a Guatemala. Gobernó durante insania del calderonismo y asumió con enfermiza diligencia la vocación sociopática del usurpador. Condujo al estado a una pesadilla de asesinatos en masa, a desapariciones forzadas y violencia asesina dignas de la mejor cinematografía snuff. Migrantes, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes fueron las víctimas dilectas del bipolar ex gobernador. Fue detenido en el país vecino y acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nada más. Fue sentenciado por delitos de esa naturaleza, no por los miles de desaparecidos y asesinados durante su inconcluso sexenio.
Su sentencia y purga en el Reclusorio Norte obedece a delitos administrativos, nada más. Por alguna razón las autoridades veracruzanas no habían logrado cumplimentar la orden de aprehensión más importante. Fue por la Fiscalía General de la República que las autoridades locales pudieron dar cumplimiento a la orden de aprehensión. Estas informaron que, según la investigación, el ex gobernador está relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata.
Javier Duarte se negó a firmar el documento en el que se le informa de las acusaciones y por tal razón las autoridades videograbaron para constatar la notificación de la orden de aprehensión. El desplante del ex mandatario ilustra con bastante precisión su naturaleza bipolar.
En mayo del 2020 un tribunal federal confirmó la sentencia por nueve años que se le impuso desde 2018 por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, al considerar que el proceso penal en el que aceptó declararse culpable fue legal.
Pero la magistrada Isabel Porras revocó el decomiso de 41 propiedades presuntamente ligadas a Duarte, dictado en la sentencia original. Temporalmente se dijo. Las pruebas ofrecidas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fueron idóneas para sostener que Duarte Ochoa participó en una red criminal para desviar recursos del erario, mediante empresas fantasma y prestanombres.
En 2018, se documentó que en las barrancas La Aurora, en Veracruz, se encontraron a varias personas desaparecidas durante el gobierno de Javier Duarte. Este lunes se cumplimentó una orden de aprehensión contra el ex gobernador por desaparición forzada. La resolución del tribunal federal es el resultado de una apelación que el Duarte de Ochoa promovió contra la sentencia condenatoria dictada el 26 de septiembre de 2018.
Así, ahora pareciera más probable que el ex mandatario sea juzgado realmente por los delitos que debe ser juzgado, la pesadilla cruenta en la que hundió al estado en buena medida por la mera compulsión propiciatoria de un perfil psicológico débil pero letal.
