Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puso en marcha un proceso de descomposición institucional y degradación de la legalidad en Chihuahua, al conceder, el 11 de agosto, una suspensión que permite al gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván, retener de manera indefinida los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), privando así a docentes y alumnos de los materiales necesarios para el desarrollo de la vida escolar. Al amparo de la sentencia emitida por dicho miembro de la SCJN, la administración panista se embarcó en una aventura de violaciones a los derechos humanos de niños y niñas, rompimiento del pacto federal e infracciones a la Constitución.
El secretario de Hacienda de la entidad, José de Jesús Granillo Vázquez, anunció que se usarán recursos estatales para reimprimir ejemplares de los libros de texto de la generación 2019 y anteriores a la Nueva Escuela Mexicana, además de elaborar materiales educativos propios. De acuerdo con el funcionario, las obras se producirán en los talleres gráficos del estado y en imprentas privadas, pero enfatizó que se harán las contrataciones necesarias en empresas editoriales o imprentas particulares. De concretarse tales intenciones, el gobierno estatal incurrirá en violaciones, por lo menos a los artículos 3, 109 y 134 de la Constitución.
El primero de ellos establece que “el Ejecutivo federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República”; el segundo habla de las sanciones a que se harán acreedores los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado, y el último obliga a administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Está claro que el plan dado a conocer por Granillo Vázquez implica imponer a los educandos de Chihuahua un plan de estudios distinto al que marca la ley suprema, el cual, para colmo, estará desfasado y privará a niños y niñas de formarse en los conceptos pedagógicos y los desarrollos sociales actuales, lo que también violenta el artículo tercero constitucional. Asimismo, el desperdicio de los libros que ya fueron impresos por la Federación y la consiguiente producción de materiales didácticos totalmente innecesarios transgrede a todas luces los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez.
Más allá de los aspectos legales, la actuación de María Eugenia Campos y sus subordinados es una muestra contundente de los antivalores que guían a las derechas: el fundamentalismo privatizador, la creación artificiosa de oportunidades de negocio a expensas del erario y del interés general, la imposición ideológica, el desprecio por el bienestar de todas las personas, incluidos los infantes, y una agenda de golpeteo político contra el Ejecutivo federal elegido democráticamente. Las autoridades de Chihuahua han decidido incurrir, en suma, en múltiples violaciones a la ley, pero la sociedad mexicana no olvidará que toda esta cadena de despropósitos y daños al erario, a la gobernabilidad democrática y, ante todo, a la educación de niñas y niños, tuvo lugar debido a las decisiones arbitrarias, irresponsables y facciosas de un sólo individuo, el ministro Aguilar Morales.
