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Cuestionar a las mineras, ejercicio letal

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Higinio Trinidad de la Cruz, activista del ejido nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el sur de Jalisco, fue privado de la libertad por un grupo armado el viernes 24 por la mañana. Menos de 24 horas después, su cuerpo fue localizado en un tramo carretero de la región. Personas cercanas al defensor ambiental de la sierra de Manantlán, entre los límites de Jalisco y Colima, afirman que el también promotor de proyectos de desarrollo sustentable, apoyados por instancias internacionales, fue visto por última vez al entrar al ayuntamiento de Cuautitlán, donde se le había citado.

La muerte de Trinidad de la Cruz es inseparable de su labor como crítico de la extracción de hierro que se lleva a cabo en la sierra, tanto de la ilegal como de la formalmente legal. Hace más de año y medio, su amigo y compañero de lucha José Isaac Santos Chávez fue secuestrado por entre ocho y 10 individuos que se ostentaron como autoridades. Su cadáver fue encontrado días después, a bordo de su propia camioneta y con huellas de tortura. En el momento de su secuestro y asesinato, Santos Chávez era uno de los tres candidatos a comisario ejidal de Ayotitlán y destacaba por ser el más crítico hacia la minera Peña Colorada, copropiedad de dos trasnacionales. Como se presume en la página de Internet del tajo a cielo abierto, se trata del mayor productor de hierro en México. Cuando apenas había transcurrido un mes, un comando de encapuchados desapareció temporalmente y torturó a Higinio y a Javier Elías Flores. En febrero pasado, el activista confirmó que la agresión tuvo como objetivo intimidarlos, que dejaran de exigir la democratización del ejido y de cuestionar los acuerdos suscritos con Peña Colorada.

A escasos 100 kilómetros de los terrenos donde Higinio Trinidad e Isaac Santos lucharon y murieron defendiendo los derechos de sus comunidades y el ecosistema, uno de los accionistas de Peña Colorada explota tres minas conocidas en conjunto como Las Encinas. Ubicadas en las inmediaciones de Aquila, Michoacán, estas vetas de hierro también enfrentan la inconformidad de los pobladores. Dos de los mayores opositores a la manera en que la corporación realiza sus operaciones son el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz Valencia, quienes fueron desaparecidos en enero de este año. De manera significativa, Díaz Valencia era candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila y, junto con Lagunes, encabezaba las denuncias contra el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima por conceder la personería jurídica del ejido a un grupo de individuos sin representación en la comunidad.

Los casos referidos son botones de muestra de un modus operandi bien establecido entre las empresas que requieren terrenos ejidales para llevar a cabo sus actividades, ya sean mineras, inmobiliarias, agroindustriales o de otro tipo. Primero corrompen a los comisariados para obtener de manera fraudulenta los permisos con que luego se presentan ante el gobierno y la sociedad como operadores legítimos y respetuosos del marco legal. Si los habitantes se oponen a estas prácticas, se echa mano de la complicidad con las autoridades para amedrentar a los quejosos, a veces, con lujo de violencia. Cuando la resistencia persiste, llegan los asesinatos y las desapariciones forzadas, de los que las grandes firmas se deslindan mediante comunicados y agencias de relaciones públicas. Sin prejuzgar el papel de las empresas en estas formas de agresión extrema, el inocultable vínculo entre la minería y las violaciones a los derechos humanos obliga a las fiscalías a emprender las investigaciones pertinentes y llevar a los responsables ante la justicia.

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