La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y la familia del activista chiapaneco Mariano Abarca denunciaron a Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su responsabilidad jurídica en los abusos que sus empresas mineras cometen contra comunidades en el extranjero. En conferencia de prensa, señalaron que la embajada canadiense en México cabildeó de manera asertiva, incluso con chantajes, a favor de Blackfire Exploration, pese a que habitantes de la zona aledaña a la mina de barita operada por esa empresa se habían acercado a la legación para exponerle los efectos contaminantes de la actividad extractiva. Abarca fue asesinado en 2009, en un crimen que no ha sido esclarecido, pero vinculado por los denunciantes con su oposición a Blackfire.
La impunidad con que operan conglomerados empresariales nocivos para el medio ambiente puede observarse en el corazón del país, donde esta semana se organizó un bloqueo carretero para exigir a las autoridades que atiendan la alarmante crisis de tala ilegal en el Gran Bosque de Agua, área natural protegida que se extiende a lo largo de 17 municipios mexiquenses. Esta zona, colindante con la Ciudad de México y el estado de Morelos, padece una deforestación brutal a manos de talamontes protegidos por grupos armados, unos y otros al servicio de intereses empresariales del ramo inmobiliario. Esta situación se repite en otras entidades, donde la tala es controlada o respaldada por el crimen organizado.
En el caso de la minería, estamos ante intereses corporativos que se imponen por métodos legales o extralegales, y cuya acción desemboca en todo tipo de atropellos, muchas veces letales: el asesinato de quienes defienden el medio ambiente o el atropello de los derechos laborales de los mineros se ha vuelto atrozmente común, allí donde se asientan las grandes compañías extractivas. Se ha documentado el contubernio que se establece entre firmas que formalmente operan dentro de las normas y grupos criminales que amedrentan a las comunidades, a fin de inhibir las protestas y facilitar las tareas de extracción. Estos delitos son perpetrados bajo el manto de honorabilidad que una activa y costosa campaña de relaciones públicas provee a las empresas. Otra capa de respetabilidad les es provista por el gobierno de Canadá, que se ha construido una imagen internacional como baluarte de la democracia, la legalidad y la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Esta proyección se estrella con irrestricto e incluso agresivo apoyo a sus trasnacionales, el cual no flaquea cuando se exhiben los daños ecológicos o la estela de pobreza y violencia que dejan a su paso.
En México, como en otras latitudes, los ámbitos con más pretensiones de honorabilidad pueden estar atravesados por intereses que buscan preservar la impunidad y extraer utilidades por los métodos más inmorales y destructivos. La sociedad debe ser consciente de los vínculos de grupos criminales con gobiernos y corporativos de apariencia pulcra o hasta encomiable, los cuales deben salir a la luz a fin de avanzar en la construcción de la paz, la lucha contra la impunidad y la erradicación de la delincuencia organizada.
