La escena se repite con una mezcla de cinismo y tragedia nacional: Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, pide “libertad anticipada” después de haber sido condenado por desviar más de mil seiscientos millones de pesos y haber convertido al estado en un laboratorio de corrupción, miedo y simulación. Lo hace con la serenidad del que no siente culpa, con el gesto estudiado de quien aún cree que el país le debe gratitud por haber “gestionado” el desastre.
Duarte es el retrato de una época donde el poder era espejo y banquete: el cuerpo del político engordaba al ritmo de los contratos, los amigos se convertían en cómplices y la prosperidad era solo el nombre de una estafa institucional. Su sonrisa impasible y su tono paternalista son más que gestos: son la encarnación del narcisismo de la impunidad, esa patología política que transforma la corrupción en un estilo de vida y la mentira en método de gobierno.
Durante su administración (2010-2016), Veracruz vivió uno de los periodos más oscuros de su historia reciente. La deuda pública se multiplicó; los recursos destinados a hospitales, universidades y programas sociales se esfumaron en empresas fantasma; los periodistas fueron perseguidos o asesinados mientras la fiscalía fabricaba culpables; y los funcionarios fieles eran premiados por obediencia, no por mérito. Duarte gobernó con la lógica de un virrey tropical: el poder no como servicio, sino como extensión de su deseo.
Su caída no fue un accidente moral, sino el resultado de una estructura completa de corrupción. Gobernó desde el placer, no desde la razón. Su cuerpo inflado, su sonrisa de suficiencia y su mirada fija pero hueca en las audiencias judiciales lo delatan: Duarte no se siente culpable porque su mente borró la noción misma de culpa. En su discurso, los delitos son “errores administrativos”, la violencia es “un fenómeno nacional”, y su encarcelamiento, una “venganza política”.
La psicología lo explica: narcisismo autojustificativo, cinismo racionalizado y manipulación emocional. Pero lo político lo agrava: su caso fue el símbolo del colapso moral del viejo régimen priista, ese sistema que confundía el poder con la impunidad y la autoridad con el privilegio.
Hoy, cuando busca salir antes de cumplir su condena, Duarte no apela al arrepentimiento, sino al olvido. Calcula —como siempre— que la memoria pública es corta y que la saturación de escándalos lo protegerá del juicio histórico. Su solicitud de libertad anticipada es, en realidad, una prueba para el Estado mexicano: saber si el nuevo sistema judicial está dispuesto a premiar la corrupción disfrazada de formalismo legal.
No hay indicios de rehabilitación moral en él. No ha pedido perdón, no ha devuelto lo robado, no ha reconocido el daño causado a las familias, a los periodistas, a los trabajadores de la salud y de la educación que quedaron sin salario ni pensión. Habla como si nada hubiera pasado, como si aún fuera gobernador en licencia. Su discurso es una parábola de sí mismo: la justificación infinita del poder sin límites.
El daño que dejó no se mide sólo en pesos o en fosas, sino en la erosión del tejido moral de Veracruz. Durante su mandato, la mentira se volvió política pública y la violencia, paisaje cotidiano. Los jóvenes crecieron viendo que robar era más rentable que servir; los empresarios aprendieron a pagar sobornos para sobrevivir; la sociedad se acostumbró al miedo. Esa herencia no cabe en una sentencia judicial ni se borra con un trámite de libertad.
Por eso su intento de salir anticipadamente no es un asunto personal, sino una afrenta a la conciencia colectiva. Si Duarte recupera su libertad sin haber enfrentado el peso simbólico de su culpa, el mensaje será devastador: que en México todo se negocia, incluso la memoria del dolor.
Su mirada fría y su sonrisa controlada lo delatan más que sus palabras. En ellas no hay remordimiento, solo cálculo. Detrás del rostro que intenta mostrarse sereno se esconde el mismo hombre que huyó disfrazado de inocente mientras dejaba tras de sí un estado devastado. No pide libertad: exige confirmación de su impunidad.
Y ese es el verdadero peligro: que el sistema se la conceda. Porque si Javier Duarte vuelve a caminar libre sin rendir cuentas a la historia, no será él quien haya cambiado, sino nosotros —los que lo dejamos volver como si no hubiese ocurrido nada—.
