Es momento de no pasar por alto la necesidad de revisar profundamente el modelo de transporte público de taxi en Veracruz, si es que se le pretende rescatar, dar viabilidad, volverlo un servicio seguro, etc., luego de que se establecieran mesas de negociación tras las movilizaciones de grupos de ruleteros a que dio lugar la actualización de las tarifas de taxi, considerada por ellos unilateral y distante de la realidad, mientras que el gobierno estatal afirma que los precios establecidos para 7 ciudades se determinaron acorde con la inflación.
Aunque el más inmediato y tangible, ese no es el principal problema. Sino aquello a lo que orilló la atroz rapacidad de los gobiernos de Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte, incluso el interino Flavino Ríos, con menciones honoríficas al bienio yunista, así como al sexenio pasado por su omisión; pues destruyeron la rentabilidad de la concesión de una placa de taxi al masificar su entrega por decenas de miles, sin filtros de ningún tipo, como de antecedentes penales; darlas de a cientos a una sola persona, entre funcionarios, familiares y prestanombres de éstos, “periodistas” y demás actores que silenciosamente depredaron este sector.
Consigo, se crearon flotillas privadas de este tipo de transporte que beneficiaban a un solo dueño, en lugar de a cientos de familias que con ellas podrían sostenerse. Sin mencionar, por supuesto, la saturación del mercado y de las calles con innumerables unidades que por más que haya, de todos modos no resuelven la necesidad de transporte en lugares como Xalapa.
Incluso cuando se trate de un trabajo precarizado, ya que a consecuencia de lo anterior un ruletero que no es propietario tiene varias presiones como las cuotas para el dueño, el llenado del tanque u horarios extenuantes a fin de que deje alguna ganancia, no puede soslayarse la gran frecuencia con que unidades de taxi se ven implicadas en operaciones del crimen organizado —o de la delincuencia de poca monta— y el consiguiente estigma de inseguridad que esto supone al servicio de taxi, ya sea por nexos de origen por parte de los concesionarios o por necesidad de los choferes, de los que, por cierto, pese a los incontables reordenamientos, al momento no hay forma de garantizar un padrón.
Esta situación precisa, entonces, del reconocimiento por parte del gremio de la necesidad de rehabilitar muy seriamente el mundo taxista, pues parte de lo que no comentan cuando rechazan la oficialización de tarifas o el ingreso de servicios particulares —ciertamente no regulados— a través de aplicaciones como Uber o InDrive es que, al tiempo de lo ya dicho, suele haber arbitrariedades en los precios al usuario y deficiencias en los vehículos.
