En la mañanera, Keith Harney, directivo de CloudHQ, presentó una visión que va más allá de la simple expansión tecnológica: un país en donde la digitalización no sea privilegio, sino derecho. Su intervención puso sobre la mesa que la conectividad y las herramientas digitales deben servir para reducir desigualdades y no para profundizarlas, y que México se encuentra en un punto crítico donde lo digital puede convertirse en puente o en muro para millones de personas.
En la conferencia matutina se abordó un tema de enorme trascendencia para México: el proceso de digitalización igualitaria, entendido como un esfuerzo para garantizar que la tecnología no sea un privilegio de unos cuantos, sino una herramienta de inclusión social, económica y cultural. La intervención subrayó que no basta con instalar infraestructura de telecomunicaciones o expandir redes de internet: la verdadera apuesta debe ser que todos los sectores sociales tengan acceso, que cuenten con dispositivos adecuados, que puedan desarrollar competencias digitales y que las plataformas públicas estén diseñadas para servir a todos por igual. En este sentido, Harney advirtió que la brecha digital, de no atenderse con visión estratégica, se convertirá en una brecha de oportunidades cada vez más difícil de cerrar, con el riesgo de que el país avance a dos velocidades: una para quienes tienen acceso pleno al mundo digital y otra para quienes siguen confinados en la marginalidad tecnológica.
México enfrenta rezagos claros: vastas zonas rurales sin cobertura suficiente, comunidades indígenas con nula representación en los esquemas digitales, adultos mayores excluidos por falta de alfabetización tecnológica y una diferencia cada vez más marcada entre las grandes ciudades y las regiones periféricas. El reto, señaló Harney, es que la digitalización sin justicia termina por concentrar aún más los beneficios en quienes ya tenían ventaja, profundizando desigualdades que no son sólo tecnológicas, sino educativas, laborales y de desarrollo humano.
De ahí la importancia de concebir la digitalización como un derecho y no como un lujo. Si el acceso a internet de calidad, a dispositivos y a servicios digitales básicos se entiende como un elemento indispensable para la vida social y económica, entonces debe ser garantizado por el Estado en corresponsabilidad con la iniciativa privada y con mecanismos de supervisión ciudadana. Harney insistió en que el proceso debe estar acompañado de una estrategia nacional de alfabetización digital: desde la educación básica hasta programas de capacitación para adultos mayores, pasando por la formación de docentes, la simplificación de trámites y el diseño de interfaces accesibles para personas con discapacidad. La conectividad, enfatizó, no se mide solo en megabits por segundo, sino en la capacidad real de la gente para usar esa herramienta en beneficio propio y colectivo.
La digitalización igualitaria, planteó, no es únicamente una cuestión técnica, sino un proyecto político de prosperidad compartida. Al abrir las puertas del mundo digital a todos, se amplía el mercado interno, se generan oportunidades de emprendimiento incluso en las zonas rurales, se diversifica la economía y se reducen las desigualdades territoriales. Con conectividad y capacitación, un joven de una comunidad apartada puede integrarse a un empleo remoto o iniciar un negocio digital; un productor local puede vender en línea sin depender de intermediarios; una escuela puede acceder a recursos educativos de calidad global. Esta visión apunta a que el progreso tecnológico no sea un privilegio urbano, sino un catalizador de desarrollo para las regiones históricamente marginadas.
Harney también relacionó la digitalización igualitaria con la calidad democrática. Un gobierno que digitaliza sus servicios con criterios de interoperabilidad, usabilidad y transparencia abre nuevos caminos para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Plataformas digitales bien diseñadas permiten trámites más ágiles, acceso a información pública y herramientas de vigilancia social que fortalecen la confianza en las instituciones. Pero advirtió que esta transformación conlleva riesgos: sin leyes sólidas de protección de datos, sin instituciones reguladoras con autonomía y sin vigilancia frente a los monopolios tecnológicos, la digitalización puede derivar en abusos, espionaje o concentración excesiva de poder en manos privadas.
El discurso no fue ingenuo: Harney señaló que llevar internet de calidad a todo el país, capacitar a millones de personas y mantener actualizadas las plataformas requiere financiamiento sostenido y políticas de largo plazo, más allá de los cambios de administración. La continuidad política y la coordinación entre federación, estados y municipios son fundamentales. También reconoció que la cultura digital no se impone: es necesario trabajar con las comunidades para generar confianza, adaptar las soluciones a contextos locales y evitar imponer esquemas diseñados sólo desde la lógica urbana o corporativa.
Entre sus recomendaciones concretas destacó la necesidad de elaborar un mapa digital nacional de cobertura y necesidades para focalizar inversiones; establecer subsidios para dispositivos y conectividad en zonas vulnerables; integrar la formación digital de manera obligatoria en el currículo escolar; promover asociaciones entre empresas tecnológicas y gobiernos locales para el despliegue de infraestructura y capacitación; y garantizar que las plataformas públicas utilicen estándares abiertos, accesibles y transparentes.
El mensaje central fue claro: México tiene la oportunidad de usar la digitalización como un motor de igualdad y desarrollo, pero también el riesgo de que, si no se diseña con visión incluyente, termine perpetuando las brechas del pasado bajo nuevas formas. La prosperidad igualitaria del futuro dependerá de que la tecnología sea puente y no muro, herramienta de cohesión y no de exclusión. Lo digital, dijo Harney, no es un destino automático hacia la modernidad, sino un terreno de disputa política donde se decide si el progreso será compartido o concentrado.
