Atzacan, Ver.- El presidente municipal de Atzacan, Israel Raymundo Solano Jiménez, se encuentra en el centro de una creciente polémica tras ordenar la detención del rejoneador Emiliano Gamero durante una corrida el pasado domingo.
Aunque ha cambiado dos veces su versión de los hechos, el edil ha omitido presentar el contrato firmado con la empresa taurina, documento que resultaría clave para acreditar si existía un supuesto incumplimiento o una orden explícita de no sacrificar a ningún toro de lidia.
De acuerdo con testimonios, Solano Jiménez mandó llamar a la fuerza pública en pleno festejo, después de la muerte del tercer toro, con el objetivo de detener al torero.
Inicialmente argumentó una violación a normativas municipales de protección animal; después cambió su discurso y alegó un incumplimiento de contrato por parte del rejoneador.
Sin embargo, ni una ni otra justificación han sido respaldadas con documentos públicos o pruebas fehacientes.
Especialistas en derecho y aficionados taurinos han señalado que, en Veracruz, la tauromaquia con muerte es una actividad legal, por lo que un reglamento municipal no puede estar por encima de las leyes estatales.
De confirmarse que no existía flagrancia del delito, la acción del alcalde podría constituir un posible abuso de autoridad e incluso una tentativa de privación ilegal de la libertad.
El forcado René Tirado declaró a medios taurinos que el evento estaba planeado como una corrida formal, sin modificaciones incruentas, y que cualquier cambio fue comunicado de forma improvisada por el propio alcalde momentos antes de iniciar la lidia, lo que generó confusión entre los participantes.
Mientras tanto, Emiliano Gamero ha exigido públicamente que Solano Jiménez presente el contrato donde se especifique la supuesta orden de no dar muerte a los toros.
A la fecha, el alcalde no ha exhibido documento concluyente alguno. Tampoco ha aclarado su papel en la presunta entrada de menores de edad a la plaza, un hecho que sí vulneraría disposiciones estatales y que apuntaría a una falla de la propia autoridad municipal.
Colectivos taurinos y defensores de la legalidad han solicitado una investigación formal, advirtiendo que lo ocurrido trasciende la discusión sobre la tauromaquia y plantea un asunto grave sobre los límites del poder municipal.
“Sin contrato, sin pruebas, la detención fue un acto arbitrario”, resumió un jurista consultado.
