Hugo López Rosas, Areli Rizo y Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes
El territorio del Sur-Sureste mexicano se encuentra en un momento histórico decisivo. Durante muchas décadas ha sido la región con mayores rezagos en infraestructura, empleo y desarrollo social, pese a que abarca el 27.5% del territorio nacional, ha sido hogar de culturas milenarias como la maya, olmeca, mixteca y zapoteca, y que incluye a los estados más ricos en biodiversidad del país.
Las cifras son elocuentes: la región genera apenas el 21.4% del PIB nacional y el 13.2% de las exportaciones, mientras concentra el 56.7% de la informalidad laboral del país. Estos indicadores revelan una paradoja fundamental: una región rica en recursos naturales y culturales, pero con persistentes rezagos socioeconómicos.
El Pacto Oaxaca (2019), que busca impulsar el crecimiento del Sur-Sureste, es una oportunidad para corregir los errores del pasado. Sus objetivos de fortalecer la economía local, atraer inversión y modernizar infraestructura deben ir acompañados de un marco sólido de justicia ambiental y social. Es fundamental que el desarrollo regional no repita el modelo extractivista y depredador que ha empobrecido a otras zonas del país.
Los megaproyectos que actualmente están transformando la región —el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas— representan una inversión sin precedentes en infraestructura, con el objetivo de revertir la marginación e integrar la región al desarrollo nacional. No obstante, el reto no solo es económico, sino también ambiental y social: ¿cómo garantizar que este crecimiento sea realmente sustentable y no se repita el modelo extractivista de los recursos naturales característico del siglo XX?
Este nuevo fenómeno nos obliga a reflexionar sobre el modelo de desarrollo que queremos como sociedad consciente para esta región. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece marcos regulatorios claros para la implementación de proyectos de desarrollo. Sin embargo, más allá del cumplimiento normativo, necesitamos un compromiso genuino con el desarrollo sustentable que integre las voces y aspiraciones de las comunidades locales en la planeación y ejecución de los proyectos.
La sustentabilidad exige que el crecimiento económico no solo genere riqueza, sino que lo haga sin comprometer el patrimonio natural y cultural de la región. Los proyectos en marcha prometen empleo, inversión y conectividad, pero, así mismo, su impacto ambiental es innegable. La deforestación, la fragmentación del paisaje natural y la presión sobre los recursos hídricos son riesgos latentes que no pueden ignorarse.
La creación de Áreas Naturales Protegidas, como el Área de Protección de Flora y Fauna “Jaguar” (2022) en Quintana Roo y la Reserva de la Biosfera Wanha’ (2023) en Tabasco, son un avance que demuestra que es posible y necesario equilibrar el progreso con la conservación. Sin embargo, no basta con decretos: se necesita un compromiso real para hacer del desarrollo una vía de armonización entre la naturaleza y el bienestar humano.
Por otro lado, la identidad cultural y los saberes llamados tradicionales de las comunidades locales, muchas de las cuales son pueblos indígenas originarios, deben sin duda ser integrados en las estrategias económicas y ambientales. Su inclusión en la toma de decisiones es clave. No basta con consultarlos, hay que hacerlos protagonistas del desarrollo.
La verdadera riqueza del Sur-Sureste reside en su diversidad biocultural, en la sabiduría ancestral de sus pueblos indígenas y en la biodiversidad y productividad de sus ecosistemas. Cualquier estrategia de desarrollo que ignore estos valores está condenada al fracaso a largo plazo, pues los megaproyectos correrían el riesgo de convertirse en nuevas formas de exclusión, donde los beneficios queden en manos de unos pocos y las comunidades sean relegadas a la periferia del progreso.
El Sur-Sureste mexicano tiene hoy la oportunidad de convertirse en un modelo de desarrollo regional sustentable. Para lograrlo, debemos superar la falsa dicotomía entre progreso y conservación, reconociendo que la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural no es un obstáculo para el desarrollo, sino su fundamento más sólido.
El éxito de esta transformación histórica dependerá de nuestra capacidad para construir un modelo de desarrollo que combine la modernización de infraestructura con la conservación ambiental, el respeto a la diversidad cultural en su territorio y la distribución equitativa de los beneficios económicos.
Solo así podremos asegurar que el progreso del Sur-Sureste sea verdaderamente sustentable y beneficie a las generaciones presentes y futuras.
Xalapa, Ver., 12 de febrero de 2025.
