El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe exhaustivo acerca de la crisis de desaparición forzada en el país, las políticas puestas en marcha para abordar este drama social y los avances obtenidos en el primer año y medio de su administración.
Además de la mandataria, comparecieron ante la ciudadanía la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo.
Registro nacional y cifras históricas
Al revisar y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, se determinó que desde 1952 a la fecha se han presentado 394 mil 645 reportes de desaparición. De ellos, 262 mil 111 personas (66%) han sido localizadas, mientras que 132 mil 534 continúan con estatus de desaparecidas o no localizadas.
De las personas localizadas, 240 mil 211 (92%) fueron encontradas con vida y, de este grupo, el 96% no fue víctima de ningún delito.
Impacto posterior a 2006
Desde octubre de 2024, el gobierno reporta que se localiza al 66% de las personas que son denunciadas como desaparecidas. Sin embargo, la mayoría de los casos pendientes corresponden al periodo posterior a 2006, cuando el fenómeno se intensificó tras la estrategia de seguridad federal conocida como la “guerra contra el narcotráfico”.
De los 132 mil 534 casos no resueltos, 2 mil 356 corresponden a hechos ocurridos hasta 2005 y 130 mil 178 a desapariciones registradas desde 2006.
Tres categorías para mejorar la búsqueda
Las autoridades clasificaron los expedientes en tres grupos para facilitar las labores de localización:
- 36% (46 mil 742 casos): No cuentan con datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva, debido a deficiencias en el registro nacional creado en 2017.
- 31% (40 mil 308 casos): Tienen información suficiente y presentan actividad posterior a la fecha de desaparición, como trámites oficiales, registros civiles o movimientos laborales.
- 33% (43 mil 128 casos): Disponen de datos suficientes, pero no existe ningún rastro documental posterior, lo que los convierte en los casos de mayor prioridad por su posible relación con delitos graves.
Desde octubre de 2024, se ha logrado localizar a 5 mil 269 personas pertenecientes al segundo grupo.
Depuración de registros y búsqueda basada en evidencia
Las autoridades subrayaron que reconocer la existencia de ausencias voluntarias o el alto índice de localización no implica minimizar la gravedad del problema ni eximir al Estado de su responsabilidad. Por el contrario, la depuración de registros y la investigación basada en datos verificables permite enfocar los recursos en los casos de mayor riesgo.
Reformas y compromiso institucional
La comparecencia pública de los funcionarios, el fortalecimiento institucional derivado de las reformas legales promulgadas en julio de 2025 y los canales permanentes de comunicación con familiares y colectivos de víctimas representan avances en el intento de saldar una de las mayores deudas del Estado mexicano.
Se espera que en los próximos meses estos esfuerzos se traduzcan en resultados más rápidos tanto en la localización de personas desaparecidas como en la prevención de nuevas desapariciones.
