A la exasperante la decisión del primer ministro húngaro, Viktor Orban, de sacar a su país de la Corte Penal Internacional (CPI) para eludir la orden de arresto contra el presidente israelí Benjamin Netanyahu, se sumó la obsecuencia del gobierno francés, que permitió que el avión de Netanyahu sobrevolara su territorio. Esto representa un incumplimiento grave de las obligaciones de Francia como miembro de la CPI.
Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, están imputados por crímenes de lesa humanidad durante la ofensiva israelí contra Gaza desde octubre de 2023, en la cual han muerto más de 60,000 personas, en su mayoría mujeres y niños, además de médicos, trabajadores humanitarios y periodistas. La CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Las atrocidades cometidas por Netanyahu son comparables a las de otros responsables de crímenes graves, como el expresidente liberiano Charles Taylor, el empresario Félicien Kabuga, y el excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, Dominic Ongwen, quienes fueron procesados por tribunales internacionales.
Las instancias supranacionales de justicia, como la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), son fundamentales para la preservación de los derechos humanos y la resolución de conflictos entre estados. Las acciones que debilitan estas instituciones, como las de Orban y la omisión de Macron, representan obstrucciones a la justicia y amenazan la paz y convivencia internacional.
El rechazo de la CPI por parte de Estados Unidos y Francia, países autoproclamados protectores de los derechos humanos, refleja un claro empeño por debilitar organismos internacionales, lo que pone en riesgo la justicia global.




