Durante tres años la oposición partidaria junto con la mayoría de los medios de comunicación y las buenas conciencias mediáticas han sido ácidos críticos e incluso detractores de la frase “abrazos, no balazos,” con la que el presidente López Obrador describió el cambio en la política de seguridad pública.
La noche de martes a miércoles, el Ejército Mexicano junto con la Secretaría de Marina hicieron un operativo donde se detuvo a cinco personajes del Cártel Jalisco Nueva Generación y cualquiera que sea la fracción dominante en la balcanización criminal que hay en Guanajuato.
La reacción de las organizaciones por la detención de sus líderes nacionales se manifestó como ya había sucedido en Sinaloa en 2019, cuando el gobierno capturó y tuvo que soltar al hijo de El Chapo Guzmán por la violencia terrorista ejercida contra la población sinaloense.
Durante la mañana de ayer el propio gobernador Alfaro dio a conocer que la violencia en las calles obedeció a la reacción criminal por la detención de algunos de sus líderes. Después de la reacción criminal nocturna, el presidente López Obrador anunció en la mañanera que la Guardia Nacional pasaba a formar parte de la Sedena. La respuesta ha sido particularmente airada no solo por parte de los opositores al gobierno, sino incluso de muchos simpatizantes. El Presidente incumple flagrantemente sus compromisos y promesas de desmontar la militarización, se dice. Y sí, tienen razón, el Presidente incumple y hay pruebas sobradas de ello porque videos sobran donde se compromete a desmontar la militarización de la seguridad pública.
¿Por qué lo hace? Hay una hipótesis que parece aceptablemente plausible, porque es clarísimo que esta decisión iba a ser confrontada por la mayoría de la sociedad. Como lo es. Luego de la experiencia en Sinaloa y su repetición antenoche en Guadalajara y Guanajuato, queda clarísimo que el poder fáctico de las organizaciones criminales es abrumador. El problema rebasa con mucho el de la seguridad pública; de hecho no es un problema de seguridad pública. Es un problema de seguridad nacional.
El país tiene ejércitos terroristas operando dentro de su territorio. Y son golpistas. El tratamiento no puede ser como uno de seguridad pública. En mucho mayor, la seguridad de la nación es lo que está en juego. De ese nivel. La decisión parece ser un manotazo a la mesa. Sería de esperarse entonces que la presión contra las bandas criminales se desgrane en cascada. No es broma, el neoliberalismo dejó al país, literalmente, como rehén de poderes mafiosos protegidos por poderes públicos.
Falta por ver lo que tendrán que decir los gobernadores Alfaro y Vallejo.
