De noche, pasó la sentencia de la Suprema Corte que, en la misma narrativa pseudorrepublicana que entiende la separación de poderes como si supusiera a togados y juzgadores una situación estamental etérea, supralegal y por encima del resto de la sociedad, derriba la adhesión a la política de austeridad “impuesta” al Poder Judicial de Veracruz por los otros poderes políticos del estado, el Ejecutivo y el Legislativo, para su salvamento en 2019, porque el pésimo manejo presupuestal había conducido a un déficit de 500 millones de pesos, lo que pretendieron resolver extinguiendo juzgados regionales y con supuestas autorreducciones salariales por parte de los magistrados.
El que se eluda mencionar la irresponsabilidad de llevarlo a ser inviable y ni siquiera poder pagar los salarios de su personal, a pesar de las implicaciones de este regalo por parte de los ministros salientes, nos devuelve al mensaje, cacareado en contra de la reforma democrática a este órgano, que se resiste a morir, así como al viejo y falso debate sobre la sacralización supuestamente apolítica del Poder Judicial y su pretendida intervención por intereses coyunturales.
Primero, el equilibrio de poderes no significa su independencia, sino su complementariedad: cuando uno pierde el piso, los otros le ponen los pies en la tierra, lo cual establece un dique para los tres, en todas las direcciones; esa es la intención y el verdadero propósito es no sólo garantizar la integridad del derecho y la república como forma de gobierno en el caso del Poder Judicial, sino la justicia en el estado y el bienestar del pueblo.
Sin embargo, a pesar de los antecedentes, la Corte reafirma la idea de supuesta autorregulación y exclusividad, cuyo trasfondo es entender a este Poder como refugio del elitismo burocrático e instrumento político de la derecha, al que se quiere rescatar de las garras de los “peligrosos populistas”, porque según ellos, todo marchaba bien.
Una vez rescatado financieramente, le dan luz verde nuevamente a quienes investirán las magistraturas y cargos de jueces para restablecer los privilegios y el repugnante dispendio que llevó a la quiebra al Poder Judicial del Estado, muchos de los cuales rescataron el puesto durante la pasada elección, pues en Veracruz la baja participación popular les permitió organizarse y ganar desde dentro.
No obstante la mayor visibilidad a las decisiones, sentencias y la semilla de la cultura de la legalidad que la reforma judicial sembró en el imaginario político de los mexicanos, con este lamentable precedente, la austeridad republicana, el manejo prudente de los recursos públicos que se le asignan al PJEV, queda en manos de la buena voluntad de casi la misma estructura que impugnó este control.
