Wenceslao Vargas Márquez
En la campaña de 2018 el candidato presidencial triunfador hizo cien compromisos con el electorado. De ellos, un par están estrechamente relacionados con los agravios que recibió el magisterio durante el sexenio pasado. Los compromisos estuvieron numerados para su fácil identificación por parte del respetable, y para conocer así su grado de avance y su final cumplimiento.
Los marcados con los números 10 y 88 son esos dos compromisos que se establecieron en 2018 para cancelar, con el 10, los agravios ocasionados por ese abigarrado conjunto de exquisitas atrocidades que fue la mal llamada reforma educativa del año 2013 y todas sus consecuencias, y con el 88 revertir las represalias ocasionadas por funcionarios de aquellas épocas, muchos de los cuales se mimetizaron en la SEP en el actual gobierno.
Ninguno de los dos compromisos se ha cumplido a pesar de que en el sitio en la red de la Presidencia de la República aparezcan ambos con la etiqueta de ‘Cumplido’. Invito al lector a que lo compruebe (gob.mx/presidencia, bit.ly/41yfCz9). Ambos datos son falsos pues ninguno de los dos se ha cumplido de manera tal que podamos decir que ya no hay ningún docente cesado por reinstalar, que ya no hay ningún docente por pagar, o que ya no hay ningún docente por desagraviar. Ninguna de estas afirmaciones se puede pronunciar sin sonrojo. Siguen a la espera docentes en Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México, Querétaro, IPN, etc. Y no son pocos.
¿Dónde radica el problema por el que la Presidencia registra estos dos compromisos como cumplidos cuando no es cierto? Radica en los informes que abogados de la SEP le rinden a sus superiores, superiores que no tienen interés de revisar si la información es correcta como para darla por cumplida. Hay flojera y no se checa el dato. Digamos que este es un problema de forma.
Pero hay un problema de fondo y que se resuelve dando respuesta a la pregunta que hace las veces de título de esa nota: ¿de quién es la decisión política en la Secretaría de Educación Pública (Argentina 28, CdMx)? ¿Quién es el titular de la decisión política superior en la SEP y en el Estado mexicano? ¿Lo es el presidente de la República como cabeza de un movimiento de regeneración nacional desde las urnas del 2018? ¿O lo es tal o cual abogado que reta al presidente desde dentro de la 4T a ver quién puede más?
El presidente ordenó reinstalar, pagar y desagraviar a todo docente apaleado por la mal llamada reforma educativa del sexenio pasado impulsando una reforma constitucional que se publicó el 15 de mayo de 2019 y que tiene detrás de ella la decisión política presidencial. Pues hay abogados en la SEP que le disputan al presidente López Obrador esta decisión política y le juegan las contras como quien juega a las escondidillas. Por eso la pregunta es pertinente. ¿Quién manda en la SEP? ¿Quién es el titular de la decisión política? Procuraremos una respuesta.
En un Estado cualquiera, y en el Estado mexicano, el titular de la decisión política superior es el jefe del Estado, y el jefe del Estado en México se llama Andrés Manuel. No lo es ningún abogado de los que todos los días retan desde la SEP al presidente a vencidas para ver quién manda en última instancia. Por otro lado explicaré que un abogado institucional, un abogado que representa a una institución, tiene como obligación ejecutar la decisión política de la institución y no ponerse a discutir si la acata o no. Hay abogados en la SEP que confunden su papel y se ponen a deliberar si cumplen o no las indicaciones del presidente de la República. Pídanme nombres.
No entienden estos abogados que su función no es decidir sino ejecutar. Si el abogado en la SEP se pone a “decidir”, entonces está usurpando una función que no es la suya, porque la “decisión” en el Estado es la del jefe del Estado como soberano. Preocupa que las sucesivos titulares de la SEP no se hayan dado la oportunidad de ver de cerca este problema de frontal desafío al presidente.
Por eso la CNTE tiene razón al seguir exigiendo el 15y 16 de diciembre últimos en la Ciudad de México el cumplimiento con la reinstalación y pagos de docentes apaleados el sexenio pasado. De nuevo: ¿por qué no se ha cumplido esto? Pues porque hay abogados en la SEP que se sienten superiores al presidente. Le disputan al jefe del Estado la decisión de quién manda, jugándole vencidas. La CNTE tiene razón al insistir, tiene toda la razón, pues ha habido incumplimiento.
¿Quién debe mandar en el Estado y en la SEP? El presidente y su decisión política superior que los abogados deben solamente ejecutar. ¿Está bien que funcionarios menores le jueguen la contra al presidente? Está muy mal, y el presidente debería enterarse de quiénes son los que le obstaculizan su trabajo. ¿Por qué lo hacen entonces estos funcionarios? Lo hacen porque se sienten en la confianza de que aún no se han publicado sus nombres.
X: @WenceslaoXalapa
