Inglaterra juega hoy contra México en el Estadio Ciudad de México y llega sin la sombra que cargó durante cuatro décadas. En 1986, cuando este país fue sede por primera vez, el nombre de los aficionados ingleses se pronunciaba con la misma cautela con que se anuncia una tormenta. Heysel había ocurrido un año antes, con 39 muertos en Bruselas, y ese desastre convirtió a cada desplazamiento inglés en un riesgo calculado por gobiernos enteros.
La selección llegó a México cargando esa reputación como un pasivo diplomático, y cada estadio que la recibía activaba protocolos de contención antes que protocolos de bienvenida. Ese pasivo desapareció con un mecanismo, no con una promesa. El Reino Unido construyó después de Hillsborough, en 1989, un sistema que trató la violencia futbolera como un problema de ingeniería social y no de mala suerte.
La Football Spectators Act de ese mismo año y su reforma del 2000 crearon las Football Banning Orders, órdenes judiciales que retiran a un aficionado el derecho de asistir a estadios en Inglaterra y Gales por periodos de tres a diez años. La orden no se queda en la puerta del estadio: cuando la selección juega fuera del país, el sancionado entrega su pasaporte, y en partidos de alto riesgo se le exige presentarse en una comisaría durante el horario del encuentro.
El resultado es una base de datos que clasifica a los aficionados de riesgo por niveles, alimentada por policías de paisano infiltrados en las gradas y compartida entre clubes, tribunales y la policía. Antes de la Eurocopa de 2016, las autoridades británicas exigieron la entrega de documentos de viaje a más de mil novecientos nombres de esa lista. Para Rusia 2018 la cifra rondó los mil 200. El mecanismo no espera a que el hooligan cruce la frontera para reaccionar: lo detecta antes de que compre el boleto de avión.
La coordinación recae en la UK Football Policing Unit, el organismo que enlaza a los jefes policiales del Reino Unido con la FIFA y con gobiernos anfitriones de mundiales previos, incluidos Brasil, Rusia y Catar. Su trabajo no termina en las fronteras británicas: mantiene comunicación con Interpol para rastrear desplazamientos de aficionados fichados durante torneos internacionales y ha asesorado directamente a México en la organización de este mundial. Detrás de las órdenes hay una segunda capa, menos punitiva y más estructural.
Los estadios ingleses adoptaron butacas numeradas, boleto electrónico obligatorio, venta de alcohol restringida a zonas designadas y reconocimiento facial en los accesos. La Premier League convirtió el espectáculo en un producto familiar y ese giro comercial hizo tan disuasivo como cualquier ley el riesgo de perder el abono de temporada. Lo que cambió no fue el carácter del aficionado inglés. Cambió el costo de la violencia, calculado con precisión burocrática: una condena penal, un pasaporte retenido, una vida sin estadio.
La capital mexicana respondió hoy con su propio operativo, ajeno al modelo británico pero equivalente en ambición: más de 30 mil servidores públicos desplegados, 4 mil 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre Paseo de la Reforma y un horario extendido del transporte público hasta la una de la madrugada. Dos países que cargaron reputaciones opuestas de violencia futbolera coinciden hoy en una misma convicción: la seguridad de un estadio se planea con la misma rigurosidad con que se planea un partido.
México recibe hoy a esa versión administrada del hooliganismo, con un operativo propio desplegado en la capital y el mismo aprendizaje que Inglaterra tardó tres décadas en instrumentar. El partido que se juega esta tarde en el Estadio Ciudad de México puede transcurrir con la tranquilidad que en 1986 habría parecido impensable y esa tranquilidad no es casualidad ni cortesía diplomática. Es la prueba de que la violencia organizada se combate con organización, no con esperanza.
