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“Corresponde al gobierno mexicano crear condiciones dignas y proteger caravanas”

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Orizaba, Ver.- Los riesgos que corren los migrantes centroamericanos durante su éxodo a México y los Estados Unidos son igual de peligrosos que quedarse en su país de origen. De hecho, están en peligro de ser sorprendidos por la delincuencia organizada, defraudados y estafados por bandas de delincuentes. El programa “Quédate en México”, aceptado por el gobierno federal, “viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. 

En un comunicado, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y a la vez presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, señala que el flujo migratorio que se congregó en el estado de Chiapas, concretamente en la ciudad de Tapachula, “ha llegado a tomar una dimensión y complejidad alarmante. Además del hacinamiento, demora en los trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y visas humanitarias, hostigamientos y abusos de parte de autoridades locales y federales, ahora se ha sumado la desesperación y los brotes de violencia de ellos, como respuesta a tantas promesas incumplidas de parte del gobierno federal”. 

El gobierno “ha incumplido con los compromisos hacia las personas migrantes con respecto a sus traslados y regularización migratoria, lo que ha desatado una escalada de inconformidades que ocasionan bloqueos carreteros y conflictos con la población local”. Esto provoca que se ponga en riesgo la integridad física tanto de las personas migrantes como de los connacionales. 

La noche del martes 23 de noviembre una caravana de aproximadamente mil 300 personas migrantes, imposibilitada ya para caminar, “aceptó el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM) para ser trasladados a distintos puntos en el interior del país. Un grupo de 87 personas migrantes tuvo que esperar hasta el día siguiente al no alcanzar lugar en los autobuses. Se corrió la voz, y esto ocasionó que un grupo considerable de personas migrantes se trasladara hacia Mapastepec, Chiapas, lugar donde se supone llegarían los autobuses para el traslado al interior del país. Desde ese día a la fecha, la lista de los que esperan en Mapastepec ha pasado de 87 a más de 900”. 

Muchas personas migrantes han tomado la carretera costera de Chiapas en pequeños grupos o caravanas, exponiéndose al colapso por el sol, hambre, deshidratación y enfermedad. “La situación que estamos viviendo es caótica: sufrimiento, desesperación y violencia. En medio de esta compleja realidad, la Iglesia Católica, a través de la Diócesis de Tapachula, Chiapas, se ha mantenido firme en proveer de atención humanitaria a las personas migrantes, preocupada, además, por una política confusa e ineficaz del gobierno federal, la indiferencia del gobierno estatal y el rol de espectadores de los gobiernos municipales”. 

Nuestro deseo de ayudar es muy grande, “hacemos lo que podemos hasta donde nos dan las fuerzas y aunque los recursos sean limitados, lo continuaremos haciendo siempre con solicitud y con profundo espíritu cristiano. Estamos agradecidos con la respuesta generosa de nuestras familias parroquiales que han hecho lo indecible por hacer frente a esta situación, pero vemos con preocupación que el nivel de exigencia de esta situación rebasa con mucho nuestros buenos propósitos”.

Hoy más que nunca urge una intervención decidida de los tres niveles de gobierno, apegada a los derechos fundamentales de las personas migrantes, “la responsabilidad y obligación son muy claras: corresponde al gobierno de México crear condiciones dignas para el ejercicio de todos los derechos para todas las personas, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Conferencia del Episcopado Mexicano manifiesta su preocupación al detectar que las personas migrantes son engañadas con falsas promesas por parte de criminales y estafadores que lucran con la necesidad y el dolor de quienes desean transitar por México”.

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