Miguel Casillas
La sucesión en la rectoría de la UV se ha enturbiado de manera grave hasta generar una crisis institucional sin precedentes. Los responsables directos son el rector y sus operadores en la Junta de Gobierno. Nunca en los más de veinticinco años de la autonomía se había tenido una situación de incertidumbre como la que ahora vivimos.
El origen de la crisis está en una artimaña jurídica y una falsa interpretación de la legislación universitaria con la pretensión del rector de prorrogar su mandato sin convocatoria, sin competencia ni auscultación a la comunidad; se quiere la prórroga para eludir el requisito de edad que precisa la Ley Orgánica.
Bajo el falso argumento de que han hecho muchas cosas y tienen muchas otras por hacer, el rector justifica sus pretensiones. La verdad es que llevamos casi cuatro años de una gestión gris, sin proyecto y sin realizaciones, donde ha predominado la demagogia y la simulación, el autoritarismo, y ahora una conducta autocrática.
La crisis institucional se ha hecho visible cuando el rector ha torcido las leyes para solicitar su prórroga; ha quedado de manifiesto cuando la Junta de Gobierno, sin tener atribuciones para ello, dio curso a la solicitud del rector y además inventó un proceso de consulta a los universitarios completamente amañado y de resultados inciertos, pues no se sabe cómo se van a considerar y ponderar las expresiones de la comunidad. La crisis es evidente cuando las propias autoridades, incumpliendo el código de ética de la Universidad, inducen, presionan y generan coacción sobre los miembros de la comunidad para que participen en su consulta y apoyen la prórroga.
Hay una crisis institucional de legitimidad pues el rector ha perdido toda autoridad al inventarse un derecho que nadie le dio, al aferrarse a la rectoría frente a la opinión mayoritaria en contra, al violentar las leyes y procedimientos, al presumir transformaciones y reformas inexistentes, al justificar su incapacidad y ocultar sus acciones erróneas. El proceder equívoco del rector, que desmerece su figura de autoridad, ha sido señalado por cuatro exrectores de la Universidad que se oponen a la prórroga, por decenas de académicos, trabajadores y estudiantes que rechazan su comportamiento dictatorial. Su pretensión de prórroga no encontró eco ni en el Consejo Universitario ni entre la comunidad; ha sido objeto de decenas de artículos y comentarios de prensa y en las redes, casi siempre en contra de la prórroga.
La Junta de Gobierno, históricamente deslegitimada, ha iniciado su debacle. Ha perdido su credibilidad y está agotando las reservas de confianza que le otorga la comunidad. En los últimos años, bajo la gestión del actual rector, han renunciado cinco de sus integrantes; sólo en estos días aciagos renunciaron dos integrantes en clara oposición a los trastupijes que promueven un grupo de incondicionales del rector a favor de su prórroga. La erosión de la imagen de la Junta se agrava con el secretismo de sus reuniones, con sus interpretaciones unilaterales de la legislación, con su enorme distanciamiento con respecto a la comunidad. La crisis de la Junta y su incapacidad para cumplir y hacer cumplir las leyes, ha sido motivo de una carta pública de una veintena de ex integrantes de la Junta que en el pasado condujeron los procesos de renovación de la rectoría sin sobresaltos y en el marco de la legislación. Los más prestigiados juristas de la Universidad también se han expresado sobre la improcedencia de la prórroga.
Puede haber muchas salidas a esta crisis; ojalá y los universitarios seamos capaces de encausar las inconformidades y de tomar las riendas de la Universidad en nuestras manos. La Junta está rebasada y es parte del problema. Todos sus integrantes deberían renunciar. Por su parte, el Consejo Universitario debería sesionar para conocer, discutir y encontrar salidas a esta crisis institucional.
Si la Junta se presta a la arbitrariedad e impone la prórroga, estará profundizando la crisis en que estamos. Es previsible un escenario de confrontaciones, juicios, amparos y movilizaciones. También es previsible que, si no somos capaces de resolver este dilema de modo autónomo, estaremos dando pie a que se resuelva con la intervención externa.
