México SA

Carlos Fernández-Vega

Periódico La Jornada
viernes 18 de marzo de 2022

Mantendrían la boca cerrada si tuvieran un poco de decoro, pero como no lo conocen, quienes ayer destrozaron al país, hundieron a los mexicanos y violaron el estado de derecho hoy se jactan de tener la receta perfecta para sacarlos del hoyo y “vencer la pobreza”, siempre “con respeto de la legalidad”. Todos los días se escucha ladrar a este tipo de personajes ( tricolores, blanquiazules y sus perritos falderos), siempre prestos a “solucionar” los grandes problemas nacionales, los cuales, dicho sea de paso, ellos mismos provocaron.

Ayer tocó el turno de Ernesto Zedillo, ex inquilino de Los Pinos que, violando flagrantemente la legalidad, “rescató” a los barones del dinero (grupúsculo de amigos autóctonos heredado por Salinas de Gortari) con una catarata de recursos públicos y, sin más, endilgó a los mexicanos una voluminosa deuda que hasta ahora les ha costado alrededor de un billón de pesos y aún deben un tanto similar.

Veintisiete años han transcurrido desde aquel “rescate” ilegal, vía Fobaproa (que no fue el único), y hoy, sin sonrojarse, Zedillo se da el lujo de hablar de “respeto de la legalidad” y “estado de derecho”, entendido y aplicado este par de conceptos sólo para los trajes a la medida que los gobiernos neoliberales confeccionaron para los barones, mientras pauperizaban y saqueaban a los mexicanos.

Ese “rescate” terminó por extranjerizar prácticamente todo el sistema financiero que opera en el país (con utilidades netas superiores a la deuda heredada por Zedillo), amén de la impunidad absoluta de los responsables (públicos y privados, con ese personaje a la cabeza) y la creciente deuda endilgada a los mexicanos, gracias a la generosa decisión de quien hoy, sin decoro alguno, exige “legalidad”.

Zedillo tardó casi cuatro años (febrero de 1995-diciembre de 1998) en “legalizar” la deuda del “rescate” bancario, y para ello contó con la complicidad de los panistas (Felipe Calderón a la cabeza; los priístas se dan por descontados). Cuando dejó Los Pinos, la deuda del Fobaproa-IPAB ascendía 648 mil millones de pesos. Veintisiete años después (periodo en el que los mexicanos, les guste o no, han pagado alrededor de un billón de pesos), ese débito suma 994 mil millones. ¿Y los “rescatados”? Hinchados de dinero y cada día con más jugosos negocios. (Como cápsula de memoria, en enero de 1995 el entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, aseguró que el “apoyo” económico del erario, vía Fobaproa, a las 18 instituciones reprivatizadas por Salinas de Gortari a favor de sus amigos, no rebasaría 50 millones de dólares, y, enfático, subrayaba que tal ayuda sería temporal y “solo en caso de ser necesario”).

Pero no sólo fue el ilegal uso del Fobaproa (“legalizado” a finales de 1998 con la creación del Instituto para la Protección al Ahorro bancario, IPAB), sino el “rescate” carretero, cuyos beneficiarios (todos contlapaches de Salinas de Gortari) fueron prácticamente los mismos que en el bancario, sólo para que la deuda resultante crezca a paso veloz, la paguen los mexicanos y las concesiones de nueva cuenta estén en manos de los “rescatados”. Este “rescate” originalmente (1997) implicó alrededor de 56 mil millones de pesos. Cinco lustros después el saldo asciende a 231 mil millones, más de cuatro veces superior al reconocido por Zedillo, sin olvidar que, como en el caso del Fobaproa, anual y puntualmente los mexicanos no han dejado de pagar.

Qué decir de la “legalidad” de utilizar el ahorro de los mexicanos para armar jugosos negocios para el gran capital, vía la creación de las Afore, lo que redujo, aún más, la posibilidad de que los trabajadores cuenten con una pensión digna. Pero este nuevo atraco fue calificado por Zedillo como “un sistema sobre todo, justo”.

Entonces, ¿“legalidad”, “estado de derecho”? Es de suponer que Zedillo se refiere a las “leyes” a modo que estructuró para que, por ejemplo, el gran capital cómoda e ilegalmente clavara sus colmillos en el sector energético mexicano (la llamada privatización “silenciosa” de la energía eléctrica, de la petroquímica y el petróleo), amén de los contratos leoninos, exenciones fiscales, voluminosa devolución de impuestos a los grandes consorcios (práctica común durante el régimen neoliberal), pérdida para las ahora empresas productivas del Estado y tantas otras gracias que solo fortalecieron –ilegal, política y económicamente– a los barones.

Las rebanadas del pastel

Eso sí, de decoro Zedillo no tiene la mínima idea.