México SA
Carlos Fernández-Vega
No cualquiera tiene suficiente poder adquisitivo para gozar de los exquisitos platillos del restaurante Hunan –especializado en comida cantonesa–, pero lo cierto es que nadie ha pagado una cena tan costosa, ni quisiera hacerlo, como la que gozó Emilio Lozoya Austin, allá por octubre del año pasado, cuando lo cacharon en plena degustación e impune exhibición pública, mientras los “peces gordos” por él prometidos –como “testigo colaborador”– se mantienen tan campantes.
Carísima le salió al ex director peñanietista de Petróleos Mexicanos la cena más costosa de la historia, tanto como 39 años de prisión (puede incrementarse a 54 años) que es la sentencia solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) para que Lozoya Austin permanezca encarcelado por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho (relacionados con Odebrecht), sin dejar de lado que esa misma institución federal solicitaría una sentencia adicional de 15 años por el caso Agronitrogenados (su cómplice Alonso Ancira también estuvo en prisión y parece que ya “abona” para cubrir 200 millones de dólares).
Recién en diciembre pasado Emilio Lozoya cumplió 47 años, de tal suerte que si el juez que lleva el caso atiende la solicitud de la FGR, el ex director peñanietista de Pemex abandonaría la prisión a los 86 años (sin considerar la “quita” por “buen comportamiento”), pero si la misma autoridad avala el requerimiento de la fiscalía de sumar el caso Agronitrogenados entonces saldría a los 101 años, lo más probable que con los tenis por delante, eso sí, con el antecedente de que la cena en el Hunan fue espléndida.
De pilón, el ex director de Pemex entre las patas se llevó a su madre, Gilda Margarita Austin, para quien la propia institución federal pide condena de 25 años, por presuntamente colaborar con su hijo en actos de corrupción (al igual que su hermana Gilda Susana), sin olvidar las acusaciones que pesan sobre la esposa, Marielle Helene Eckes, prófuga de la justicia por los mismos delitos (hay orden de arresto en su contra).
En el caso de Lozoya Austin la FGR –comenzando con el fiscal Alejandro Gertz Manero– fue partícipe en una suerte de carrera de tortugas en la que al ex director de Petróleos Mexicanos a todo le decía que sí, mientras el indiciado impunemente gozaba de la buena vida. Para él, tal vez, el peor momento fue su captura y encarcelamiento en España, en espera de que el gobierno de aquel país autorizara su extradición. Pero de ahí en fuera, el “gourmet” la pasó “bomba” como “testigo colaborador”.
Pero fueron sus excesos los que al final lo llevaron a una cárcel mexicana en noviembre pasado. Con su exhibición en el restaurante Hu-nan de Las Lomas de tajo concluyó esa carrera de tortugas y al fiscal Gertz Manero no le quedó otra que actuar como debió hacerlo desde que Lozoya pisó tierra mexicana, en julio de 2020. De hecho, fue tal la “lentitud” de la FGR que hasta el propio presidente López Obrador reclamó públicamente, porque el caso del ex director de Pemex “se está llevando mucho tiempo en las averiguaciones”. Eso fue en enero de 2021.
Ese sería el “bagaje” de acusaciones en su contra, pero parece que nadie hace otro tipo de investigación para documentar el desastre provocado por Lozoya durante su paso por la dirección de Pemex (tres años tres meses), el cual dio la puntilla a la empresa productiva del Estado: entre otras desgracias, como se ha publicado en este espacio, casi triplicó la deuda (superó los 100 mil millones de dólares), la producción petrolera resultó ser la más baja desde 1980, los consumidores pagaron precios históricamente elevados por los combustibles, la refinación se desplomó 40 por ciento, las reservas de crudo equivalente cayeron 43 por ciento y la importación de gasolinas y diésel representó 75 por ciento del consumo interno, y contando.
Las rebanadas del pastel
Públicamente se mostraron “satisfechos” con la negociación y aprobación de la reforma sobre outsourcing (entró en vigor en septiembre de 2021), pero en los hechos no pocos patrones mantuvieron su tradicional política laboral (ahora ilegal): en diciembre pasado cancelaron cerca de 313 mil empleos formales registrados en el IMSS para evitar el pago de aguinaldo y otras prestaciones, de tal suerte que mientras no se sancione rigurosamente esta añeja práctica, el despedidero decembrino se mantendrá intocado. Por cierto, ¿dónde quedó la autoridad laboral para evitarlo?
