México SA

Carlos Fernández-Vega

La siempre parsimoniosa autoridad que “procura justicia” tarda una eternidad en encarcelar –si en realidad lo hace– a los delincuentes de cuello blanco, mientras otros, a la velocidad de la luz, los liberan o cuando menos “limpian” los expedientes acusatorios para cubrir a sus protegidos –módica suma de por medio– de acusaciones que impliquen pérdida de libertad, y éstos pertenecen al Poder Judicial del país, el cual, a pesar de la podredumbre, se ha mantenido intocado a lo largo de los años.

Hay infinidad de casos que sustentan lo anterior, pero como bien subraya la Rayuela jornalera dominical, el del ex director peñanietista de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, “es ejemplo del nivel de impunidad que pueden gozar las élites en México”, y la tienen garantizada por la connivencia con autoridades, entre las que destacan los jueces, siempre dispuestos para atender al patrón. A este nefasto personaje –quien desde su extradición, en julio de 2020, se mantuvo fuera de la cárcel– la “procuración de justicia” le permitió todo tipo de excesos hasta que él mismo dio pie (mediante su exhibición pública en un restaurante de lujo) para que, dieciocho meses después, en noviembre de 2021, terminara enchiquerado en el Reclusorio Norte.

Algunos creyeron que con su encarcelamiento hasta ahí llegaba Lozoya y su enorme inventario delincuencial, pero en esta República de cuello blanco se hacen maravillas con un buen abogánster, una abultada chequera y jueces a modo, de tal suerte que la “aplicación de la ley y la justicia” se evaden, una y otra vez, sin mayor problema. Todo es cuestión de llegar a un “buen acuerdo”.

Ahora, al ex director de Pemex le abren las puertas para que de nueva cuenta despache en su casa y se alimente en restaurantes de lujo, porque un juez autorizó que este personaje “lleve su proceso en libertad” por el fraude a la nación por él cometido (junto con Alonso Ancira, otro mafiosi de cuello blanco) en la compraventa de Agronitrogenados. Pero la decisión del “letrado” todavía no le alcanza, porque también enfrenta, encarcelado, las acusaciones por sobornos de Odebrecht.

La Jornada (Gustavo Castillo García y Alejandro Alegría) lo resume así: “el primer tribunal unitario en materia penal con sede en la Ciudad de México determinó procedente cambiar la medida cautelar de prisión preventiva al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Sin embargo, no podrá abandonar el Reclusorio Norte, ya que enfrenta el juicio por los sobornos de Odebrecht, y tampoco se traduce en la cancelación de los cargos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra con sobreprecio de Agronitrogenados”.

En el detalle, “la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar resolvió un recurso presentado por la defensa de Lozoya Austin, por lo que hace exclusivamente a la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le dictó el juez José Artemio Zúñiga el pasado 10 de noviembre. La impartidora de justicia consideró procedente que Lozoya Austin enfrentara en libertad su proceso por lo que hace al caso Agronitrogenados, en el cual se le acusa de haber recibido un soborno de más de 3 millones de dólares a cambio de impulsar y aprobar la compra de la empresa que era propiedad de Altos Hornos de México (de Alonso Ancira, quien también pasó un par de meses en la cárcel) con un sobreprecio de 200 millones de dólares”.

Parece que este es el primer paso para que un dadivoso juez regrese a Lozoya a la comodidad de su hogar y “siga su proceso en libertad”, de tal suerte que en la medida que el Poder Judicial permanezca intocable, casos como el citado se mantendrán como el pan de todos los días.

Las rebanadas del pastel

De noche ha pasado la 4T por el sector minero y la “vieja” política de gobiernos anteriores se mantiene: barones intocados, impunes, siempre protegidos por las autoridades que deben meterlos en cintura, mientras los trabajadores pagan la voluminosa factura. Lo de Cananea, si bien es un caso emblemático, no es el único. Allí está la reciente “fiesta”, el pasado sábado, en la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa (concesionada a la siempre abusiva trasnacional canadiense Americas Gold and Silver), para celebrar su reapertura, con la presencia de la directiva empresarial, el gobernador Rubén Rocha y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Todos muy contentos, pero se les “olvidó” convocar al sindicato minero. ¿Cómo era aquello de “primero los pobres”?