Julio Hernández López
Astillero
En la pelea principal, la presidencial, las perspectivas específicas del depósito y el conteo de votos apuntan con claridad y persistencia al triunfo de Claudia Sheinbaum. Poco parece quedarles por hacer a esos promotores de la coalición llamada Fuerza y Corazón por México, de aquí al domingo electoral, para variar las tendencias hoy tan conocidas a favor de lo guinda.
Pero el conjunto de intereses que ha impulsado a Xóchitl Gálvez acaricia la posibilidad de emprender un proceso de resistencia a los resultados oficiales e incluso, ante las instancias judiciales correspondientes, de nulidad del proceso que está en su fase final. Ya lo han dicho diversos dirigentes de la mencionada coalición xochitleca y comentaristas que a la vez son una especie de asesores desde foros televisivos y radiofónicos.
Difícil será para esas fuerzas regresivas intentar que se anule el resultado electoral. Habrá de verse el margen de diferencia que se registre. Recuérdese que estas fuerzas ahora deseosas de impugnar necesitarían que hubiera una distancia porcentual mínima para que prospere la pretensión anulatoria. En 2006, por ejemplo, el panismo defendió ardorosamente la diferencia de votos entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, que fue de medio punto porcentual (0.56 por ciento, en concreto), según el muy impugnado dictamen oficial, entre movilizaciones sociales importantes que denunciaron el fraude electoral cometido por el propio Calderón y el presidente en funciones, Vicente Fox.
Ese medio punto porcentual implicó la exclusión del medio México que, según las fraudulentas cifras oficiales, había votado por AMLO. No hubo reconciliación ni se pidió que hubiera contrapesos: el panismo, rápidamente entendido con el priísmo, estableció una marginación del obradorismo en su primer intento de llegar a Palacio Nacional. La gran mayoría de los medios de comunicación, sus comentaristas y opinantes, aceptaron con entusiasmo presupuestal el platillo fraudulento, sus consecuencias (la guerra contra el narcotráfico, entre otras) y, desde luego, acometieron contra todo indicio progresista o de organización popular.
Ahora, esos cómplices de los fraudes del pasado (no sólo del foxista-calderonista, también del peñista) intentan construir una argumentación que justifique rechazar los resultados electorales, aunque sean de muchas veces más que el medio punto calderonista. Se valen de los mismos medios de comunicación del pasado, de segmentos empresariales acostumbrados a apostar a fichas diversas, del clero volcado al activismo antigubernamental como nunca después de la Cristiada y de la derecha blanquiazul y el oportunismo de PRI y PRD.
De ahí la importancia del 3 de junio. Las fuerzas de derecha no dejarán de buscar la deslegitimación de Sheinbaum si ella resulta ganadora. Otro flanco de guerra judicial se dará en las elecciones legislativas, pues la oposición llamada Prianrd buscará tumbar triunfos 4T para angostar la mayoría en cámaras y evitar que Movimiento Ciudadano termine sumando sus curules y escaños a Morena para acercarse a constituir mayorías calificadas que permitan reformas constitucionales importantes.
Nada mal estaría que, además, el 3 de junio propicie la revisión autocrítica del partido Morena, de sus liderazgos, procedimientos, candidaturas y construcción de los poderes. En general, es urgente una reforma electoral que limite abusos de las camarillas dominantes de los partidos, que frene el exceso de dinero público que manejan de manera discrecional, no sólo en las campañas electorales (aunque simulen mediante facturas y rubros a conveniencia) y que permita una mejor participación ciudadana con independencia de los filtros partidistas.
Y, mientras en esta columna se analiza mañana el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Constitución, ¡hasta mañana!
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