Astillero
Julio Hernández López
Periódico La Jornada
La descomposición institucional de México que se ha ido mostrando en el juicio a Genaro García Luna en Nueva York favorece a grupos de poder (para no ir tan lejos, las pretensiones releccionistas de Donald Trump) que necesitan fijar la percepción de que nuestra nación constituye un problema grave de seguridad nacional para Estados Unidos y que, por tanto, se requieren medidas de control proporcionales a la podredumbre exhibida, se castigue o no, a fondo o con levedad, al secretario calderonista de Seguridad Pública.
En ese contexto, que incluye la descarnada guerra electoral entre demócratas y republicanos, veintiún procuradores de justicia de sendos estados del vecino país han solicitado al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, que los cárteles mexicanos sean declarados “organizaciones extranjeras terroristas”, a fin de liberar fondos que impidan que desde el sur sigan afectando la salud de los consumidores de drogas químicas.
La solicitud, que ya ha sido planteada en ocasiones anteriores desde otros flancos políticos, implicaría la facultad legal de Estados Unidos para actuar incluso en términos represivos extraterritoriales contra tales entes “terroristas” que mantienen una “guerra diaria” al proveer de opioides a la amplia clientela de la nación imperial.
Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado en la administración Trump, ha publicado un libro con título de combate: Nunca cedas ni una pulgada, en el que advierte que existen áreas como San Diego, Phoenix y El Paso, cuyas cercanías no son gobernadas por Estados Unidos, a la vez que “partes significativas de México ya no están vigiladas por el gobierno central”. Por ello:
“Mi evaluación es que México como un refugio seguro y punto de partida para operaciones terroristas dentro de Estados Unidos es una posibilidad seria dentro de los próximos 10 años”.
El propio Biden, en encuentro bilateral en nuestro país (luego sería la Cumbre de Norteamérica), presionó para que México contenga el tráfico de fentanilo y confronte de manera eficaz a los poderosos cárteles. Días antes de la llegada del presidente estadunidense se produjo la detención de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y después de esa visita es de percibirse una mayor acción directa de las fuerzas armadas contra grupos y líderes de diverso nivel del crimen organizado.
A esa narrativa contribuye la radiografía de criminalidad institucionalizada que se desprende de los testimonios contra García Luna en Nueva York. La fiscalía no ha presentado el millón de páginas de documentos que probarían la grave culpabilidad del ex secretario calderonista, además de grabaciones interceptadas (https://bit.ly/3IdZ5sf). Y, ahora, con el procedimiento abreviado que se ha anunciado y sin más pruebas principales que declaraciones de delincuentes en espera de beneficios judiciales, es de preguntarse si, a fin de cuentas, la ganancia del aparato estadunidense de poder ha sido la rotunda demostración de la podredumbre institucional mexicana y el impulso a mayores intenciones intervencionistas.
En la Gran Carpa México se multiplican los encuentros y desencuentros, rupturas y reconciliaciones, abrazos y balazos (políticos), cual corresponde a la temporada electoral en marquesina. Así, resulta que Ignacio Mier, de Morena, y Santiago Creel, de Acción Nacional, se estrechan para dar por terminado el tan escandaloso como, por lo que se ve, insustancial diferendo respecto a escoltas militares armadas en San Lázaro.
En otras pistas, Alito y Osorio Chong se reúnen en privado en busca de estabilizar su confrontación abierta, y los consejeros del Instituto Nacional Electoral visitan el Senado para hablar de procedimientos a discusión. En Coahuila, el ex panista calderonista Luis Fernando Salazar ha renunciado a coordinar la campaña de Armando Guadiana, porque éste se ha rodeado de ex priístas; Salazar anuncia una especie de campaña alterna. ¡Hasta el próximo lunes!
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