La victoria electoral de Gabriel Boric Font en Chile ha generado una natural euforia en el abanico político e ideológico cargado a la izquierda. Con 35 años de edad (cumplirá 36 el 11 de febrero del año próximo, y un mes después entrará al Palacio de la Moneda) y forjado en protestas estudiantiles, el nuevo presidente chileno (de ascendencia croata y catalana) evitó el arribo al poder de la opción del neopinochetista José Antonio Kast Rist (de ascendencia alemana), quien había ganado en una primera vuelta en noviembre de este mismo año, aunque sin la amplitud suficiente para evitar la segunda, en la que perdió.
El hecho de haber frenado a la ultraderecha tiene una significación enorme y agrega piezas de poder al tablero latinoamericano progresista (en el plano mexicano ha de decirse que es una buena noticia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador).
Boric obtuvo la más alta votación histórica en concurrencia voluntaria a las urnas, obtuvo más de 10 puntos porcentuales de diferencia respecto a su rival en segunda vuelta y tiene la legitimidad y mandato de las protestas estudiantiles y populares iniciadas en octubre de 2019 (el Estallido Social), que llevaron a reformas que incluyeron un plebiscito nacional en 2020, el cual determinó redactar una nueva Constitución para suplir a la instituida por la dictadura militar encabezada por el general golpista Augusto Pinochet Ugarte.
Sin embargo, el triunfo electoral ha de verse a través de la lente de una realidad equilibradamente dividida en el Poder Legislativo (en el Senado, empate a 25 senadores por bando) y de un necesario corrimiento al “centro” por parte de Boric para ganar el voto indeciso en la segunda vuelta.
Esa realidad dificultará el paso operativo de Boric y obligará a una constante negociación con la derecha, además de las divisiones internas de la propia izquierda. Observar cómo avanza ese proceso, con cuidado oratorio y propositivo del presidente de la República y, al menos en estas primeras horas, con planteamientos si no absolutamente conciliadores sí respetuosos de la oposición, será interesante en lo general para México.
Y, para la izquierda en particular, lo será el advertir que el triunfo de ese frente amplio (en el que se incluye al Partido Comunista de Chile) tuvo como motores electorales a los jóvenes (un auténtico relevo generacional, no artificioso, sino producto de la lucha social) y a los centros urbanos, con un rechazo claro a los partidos y a las figuras políticas convencionales.
Ha comenzado la contraofensiva al decreto presidencial que declaró Área Natural Protegida la Sierra de San Miguelito, en cuatro municipios de San Luis Potosí. Siete personas, que dijeron representar a miles de ejidatarios y comuneros de 36 núcleos agrarios asentados en esa zona, dieron una conferencia de prensa para anunciar que no hay fundamentación ambiental ni jurídica para el decreto en mención, al que consideran engañoso, ocurrente y violatorio del derecho de audiencia (https://bit.ly/3yMeidz).
Los denunciantes señalaron que López Obrador ha sido mal informado, pues “en la Sierra hay lagartijas, sí, pero también niños y niñas que necesitan servicios, que quieren educación”; además, “lo que Emiliano Zapata nos dio, no vamos a permitir que el gobierno nos lo quite”, aseguraron (https://bit.ly/3pcfRhU). En tanto, quienes apoyan el decreto realizan asambleas y tareas de información para contrarrestar la ofensiva proempresarial.
Por otra parte, miembros de despachos jurídicos, algunos de estos con asiento en la Ciudad de México, aseguran a los interesados que el decreto presidencial será combatido judicialmente, por lo cual recopilan datos de los presuntos afectados. Además de los poderosos empresarios potosinos que pretenden echar abajo el decreto presidencial, destaca un foráneo, Alejandro Tamayo Ibarra, de Century 21 Tamayo & Asociados, con presencia destacada en Nuevo León. ¡Hasta mañana!
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