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La narrativa oficial estadounidense insiste en que el narcotráfico es un mal externo: un veneno importado de México, Colombia o China. Pero la evidencia histórica y la geopolítica contemporánea apuntan a una conclusión mucho más incómoda: el mayor narcoestado del planeta no está del sur del Río Bravo, sino en Washington. No por metáfora, sino por la estructura misma de su economía, su sistema político, su aparato militar y la historia de sus agencias de inteligencia.
El vínculo entre Estado y crimen organizado no nació con las guerras modernas: comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Oficina de Inteligencia Naval pactó con la mafia de Lucky Luciano para “proteger” los puertos y asegurar el desembarco aliado en Sicilia. Ese pacto no fue excepcional: abrió un corredor de cooperación entre agencias estadounidenses y redes criminales que continuaría durante décadas.
Desde Sicilia hasta Nueva York, las rutas que terminaron alimentando el tráfico de heroína tuvieron garantía política: fue una relación de Estado, no un accidente. Vietnam expandió ese modelo. En el Triángulo Dorado, la CIA operó entre guerrillas aliadas y señores del opio, permitiendo que toneladas de heroína viajaran en aviones militares hacia bases estadounidenses.
Investigaciones como las de Alfred McCoy demostraron que la heroína que inundó barrios de Estados Unidos no era un contrabando misterioso: había sido tolerada e incluso facilitada como parte de la arquitectura geopolítica de la Guerra Fría.
Los años ochenta llevaron la hipocresía a escala industrial. Mientras Reagan declaraba su “guerra contra las drogas”, la Casa Blanca impulsaba a los Contras nicaragüenses que mantenían redes de cocaína activas.
El periodista Gary Webb demostró que el crack que devastó a comunidades afroamericanas de California circuló con absoluta impunidad porque los mismos organismos estadounidenses que debían detenerlo estaban involucrados en operaciones paralelas. El Estado no combatió el narcotráfico: lo administró y lo usó como herramienta política.
Otra columna del narcoestado estadounidense es su sistema financiero. Wall Street ha sido el principal lavador de dinero del crimen organizado global durante cuatro décadas. Cuando Wachovia reconoció que había procesado más de 370 mil millones de dólares vinculados a cárteles mexicanos, la sanción fue una multa equivalente a unas semanas de ganancias: ningún directivo pisó la cárcel. Lo mismo ocurrió con HSBC. La banca estadounidense no ha sido víctima: ha sido beneficiaria estructural del dinero sucio.
Pero la dimensión más devastadora del narcoestado de Washington es su industria farmacéutica. La epidemia de opioides no se originó en laboratorios clandestinos: nació en consultorios, hospitales y cadenas de farmacias estadounidenses. Purdue Pharma y otras corporaciones inundaron el país de analgésicos altamente adictivos con aprobación regulatoria obtenida mediante captura institucional. Millones de estadounidenses se volvieron adictos legalmente, mientras el Estado protegía a las empresas responsables. Cuando la regulación tardía cerró el grifo, el mercado ilegal ocupó el vacío, y la transición natural fue hacia el fentanilo. No fue México quien creó la crisis: fue el capitalismo médico estadounidense, blindado políticamente.
Al mismo tiempo, en territorios ocupados por Estados Unidos —como Afganistán— la producción de opio alcanzó máximos históricos. Bajo supervisión militar estadounidense, el país produjo más del 80% de la heroína mundial durante años. Solo tras la retirada en 2021, con el fin del control estadounidense, la producción cayó abruptamente.
La narrativa del “combate al narcotráfico” nunca cuadró con los datos: donde Washington entra, la producción aumenta; donde se va, disminuye. La crisis del fentanilo es la consecuencia natural de esa cadena histórica. Estados Unidos culpa a México y China, pero evita mencionar la causa real: es el país con la mayor demanda de drogas duras del planeta, un sistema de salud privatizado y una industria farmacéutica lucrando con la adicción. La demanda estadounidense es tan gigantesca que cualquier regulación externa es irrelevante: si no entra por un lado, entra por otro. El problema está adentro, no afuera.
A pesar de ello, Washington ha escalado su retórica belicista. Amenaza con declarar “terroristas” a criminales mexicanos o con “congelar activos” del Estado mexicano, como si México no fuera esencial para su supervivencia industrial. El economista Richard Wolff lo explicó: si Estados Unidos interrumpe sus cadenas de suministro con México, destruye su propia industria automotriz y manufacturera. El 40% del contenido de lo que México exporta a Estados Unidos se produce en territorio estadounidense. Sin México, la economía de Estados Unidos se paraliza. Por eso fue estratégica la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que México podría ralentizar su aportación industrial si Washington intenta agresiones financieras. Es la primera vez en décadas que México responde desde una posición real de fuerza. Y es precisamente eso lo que la derecha estadounidense no soporta: la pérdida del control geopolítico que alguna vez tuvo sobre México.
La verdad es que la decadencia estadounidense no es propaganda: es estructura. Un país con millones de adictos legales e ilegales, una banca lavando dinero a escala global, agencias de inteligencia vinculadas históricamente al tráfico, un sistema político capturado por lobbies farmacéuticos y militares, y una sociedad incapaz de frenar su propia espiral de muerte química no puede pretender juzgar al mundo. El narcoestado más poderoso no está en los márgenes: está en el centro del imperio. Y México, por primera vez en mucho tiempo, comienza a mirar esa realidad sin miedo.
