Empleada de la FGE padece acoso laboral y hostigamiento psicológico

La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, prefiere entablar una disputa legal en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que conlleva uso de recursos públicos y humanos para “ajustarle” cuentas a trabajadoras que resultan incómodas como es el caso de Marcela Moreno Reyes, quien además ha sido objeto de acoso laboral, hostigamiento personal y psicológico.

Marcela labora como empleada administrativa en la Dirección Estatal de Atención a Víctimas a cargo de Ana María Vargas Badillo, dependiente de la Coordinadora de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, donde se desempeña como jefa Yaisa Hernández Reyes.

En esa oficina encargada de velar por los derechos humanos es precisamente donde estas funcionarias –junto con la enlace administrativa, Thaymi Inés Jiménez Rodríguez– se ensañaron con la empleada que ha sido encargada de la tarea de quitar grapas a los oficios que emite la institución.
Marcela Moreno, cuyo “pecado” ha sido contar con un horario especial discontinuo que la misma Dirección le asignó, relató que así estuvo trabajando durante unos dos años, sin checar salida para comida.

“Las jefas de la oficina se encuentran molestas porque perdieron un laudo laboral que sigue su curso, durante ese tiempo no se preocuparon por exigir que checara horario para consumir alimentos, ahora lo hicieron y me han descontado, sin que hubiese un oficio escrito de por medio, la mitad de mi salario, aplicando esa sanción de manera retroactiva, pues el documento lo tenían elaborado desde el 28 de junio y hasta apenas me notificaron el 4 de julio.

Además que mienten en su alegato ante la Junta de Conciliación, pues afirman que dejó de checar salida cuando esos dos años no lo hice porque así fue como la institución laboral determinó se cubriera mi horario”.
Aseguró que solicitó la devolución del descuento, cosa a la que se negaron las jefas con el argumento de que la fiscal Hernández Giadáns les giró instrucciones de que no se le devolviera su sueldo, por lo que acudió a interponer una queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
“Previamente personal de recursos humanos le aconsejó que checara porque esto iba a escalar, tratando de amedrentarla y negándole a dar esas nuevas instrucciones por medio de un oficio.

Al día siguiente de la notificación verbal, yo metí el oficio solicitando este documento pero la oficina de la fiscal no quiso recibirme porque me dijeron que ella ya lo había leído y que no me lo recibían porque había dado instrucciones a recursos humanos de que se me diera lo que solicitaba. No pasó nada y mi sorpresa fue que en la quincena me descontaron 75 por ciento de mi salario”.

Moreno Reyes recordó que el acoso laboral ha sido de tal magnitud que les prohíben a los demás empleados dirigirle la palabra, por lo que desde hace dos años interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). “Estoy viviendo una situación de hostigamiento y amedrentamiento que me ha llevado a pedir auxilio psicológico y me encuentro en tratamiento médico”.

Por lo pronto , la FGE está emplazada a una nueva audiencia de desahogo de pruebas , a la que enviarán a su equipo de abogados para “ganarle” el caso a la trabajadora.