Ciudad de México.- Luis Echeverría Álvarez (17 de enero de 1922) falleció a los 100 años. Como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sucedió en el cargo como presidente a Gustavo Díaz Ordaz. Durante su periodo de gobierno, de 1970 a 1976, dejó al país en medio de una grave crisis económica a causa de la primera gran devaluación del peso en la posguerra
Es señalado como uno de los responsables de las masacres de estudiantes del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, y del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Echeverría fue investigado y llevado a juicio por genocidio en el caso de 1968, en su calidad de secretario de Gobernación durante el sexenio de Díaz Ordaz, pero el caso concluyó judicialmente en 2009.
El 27 de marzo de ese año se revocó la prisión domiciliaria y se ordenó su liberación con “las reservas de ley”. Sobre el caso de 1971, una decisión judicial de 2005 puso fin a cualquier posibilidad de procesar penalmente en México a los responsables intelectuales y materiales de la matanza del 10 de junio.
Su muerte “no lo exonera de ninguna responsabilidad” de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la masacre del Halconazo, el 10 de junio de 1971, ni de las desapariciones forzadas y asesinatos en la llamada guerra sucia. “La historia lo juzgará y lo tendrá como el peor represor de México”, aseveró Víctor Guerra, abogado del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y quien fuera brigadista en el movimiento estudiantil de ese año. Aseguró que el ex presidente falleció “en calidad de imputado en dos delitos de gravedad, sobre todo el de genocidio que es de lesa humanidad y que en ningún momento prescribe”, por la matanza del 68, y de homicidio simple por los estudiantes que perdieron la vida en 1971.
Además, el Halconazo aún está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que en México las instancias de justicia se cerraron al decretar que eso no había sido genocidio sino homicidio simple y que por tanto ya había prescrito el delito y no se le podía enjuiciar”, sostuvo.
Acusó que Echeverría murió en un estado de impunidad avalado por las instancias de gobierno y de procuración de justicia.
“Con su muerte evade la justicia y con la complicidad de la Procuraduría General de la República, en su momento, y ahora de la Fiscalía, que desde el 2009 hasta la fecha no hicieron ninguna indagatoria para continuar la investigación y esto era una obligación constitucional”.
Aunque se haya tratado de un personaje involucrado en delitos de lesa humanidad, la muerte del ex presidente no es motivo de felicidad para quienes fueron perjudicados por sus actos, puesto que falleció en la impunidad y sin haber sido enjuiciado, agregó Juan Carlos Mendoza, integrante del Comité Eureka.
“Ya nos ha pasado con otros represores, aunque este es más sentido: siempre hay un hueco de emociones porque nos hemos cuidado mucho de no ser como ellos, de no replicar ideas de exterminio y muerte. El mundo por el que peleaba mi papá era uno donde el rencor no tenía cabida”, refirió el hijo del luchador social Juan Carlos Mendoza Galoz, desaparecido el 30 de diciembre de 1981.
Ante La Jornada, Mendoza recalcó que “no te puedes alegrar de la muerte de ninguna persona, aunque Echeverría encarna ese enojo, esa rabia que tenemos contra un sistema político hecho para preservar la impunidad y el terrorismo de Estado como forma de gobierno”.
Los intentos de enjuiciar a Echeverría por genocidio y otros delitos graves, dijo, “eran la posibilidad de enjuiciar a alguien y encontrarlo culpable. Mientras se perpetúe la impunidad, la justicia no se alcanza y una sociedad basada en leyes no sirve como forma de organización humana”.
Por tal razón, insistió Mendoza, “no puede haber alegría por la muerte de Echeverría. Hay cierta desazón, porque debió haber enfrentado a la justicia y encontrar una sentencia equiparable al genocidio que cometió el 2 de octubre de 1968.
“Ahora queda un pendiente, porque en este momento, ¿cómo podemos a mandos medios, a las manos ejecutoras disfrazadas de tropa, pero que son igualmente responsables de actos de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial?”, se preguntó.
Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968, afirmó que el fallecimiento de Echeverría Álvarez –ocurrido ayer por la noche en Cuernavaca, Morelos– no cancela las demandas de justicia para las víctimas de lo sucedido el 2 de octubre de ese año y la represión gubernamental a los movimientos sociales de años posteriores.
El fallecimiento de Luis Echeverría extingue la acción penal en su contra, no así en contra de otros actores de aquella época y deben ser llevados ante la justicia, pues existen registros judiciales que señalaron que lo sucedido en la Plaza de Las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 fue un genocidio y el ex mandatario no fue exonerado.
Sostuvo que los agravios cometidos durante el gobierno echeverrista siguen vigentes y que se deberá revisar el procedimiento jurídico a seguir para que se sancione a los funcionarios y miembros de las fuerzas armadas que sobreviven y participaron en la masacre del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, así como en la llamada guerra sucia.
Aseguró que las víctimas y familiares de lo sucedido continuarán su demanda de apertura de los archivos de las fuerzas armadas para que se sancione a quienes reprimieron a los estudiantes y ciudadanos.
