El 30 de mayo el embajador estadounidense Ronald Johnson anunció que las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125 por ciento durante el primer año de la administración Trump, como resultado de los esfuerzos para frenar el tráfico de armamento hacia los cárteles. El mensaje se difundió en X con el tono habitual: cooperación binacional, resultados concretos, comunidades más seguras. Lo que el embajador no dijo es que un incremento del 125 por ciento en decomisos no acredita que el flujo disminuyó. Acredita que el flujo es lo suficientemente masivo como para absorber ese incremento y continuar.
Los datos estructurales no se mueven con los comunicados diplomáticos. México argumenta que entre 200 mil y 500 mil armas de fabricación estadounidense son traficadas anualmente a través de la frontera, en un flujo conocido como el “río de hierro”. El titular de la Defensa informó que entre el 77 y 78 por ciento de las armas aseguradas durante la administración Sheinbaum provienen de Estados Unidos. El 43 por ciento de las armas rastreadas proviene únicamente del estado de Texas. Estas cifras no describen un problema de contrabando que se resuelve con más operativos en la frontera. Revelan un problema de mercado: la producción, distribución y disponibilidad de armas en territorio estadounidense genera una oferta estructural que el crimen organizado mexicano convierte en demanda permanente.
El embajador habla de tráfico ilegal como si fuera una anomalía del sistema, una desviación que la cooperación bilateral puede corregir progresivamente. Pero el tráfico ilegal no es una anomalía: es la consecuencia predecible de un mercado interno de armas que opera sin las restricciones que harían costoso o difícil el desvío. La industria armamentista estadounidense –lobby poderoso que financia por igual las carreras de representantes republicanos y demócratas– se beneficia tanto de las ventas legales como de las ilegales, aunque estas últimas no aparezcan en los informes. La demanda de México contra los fabricantes de armas llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos y fue fallada en favor de las empresas armamentistas. El sistema, en suma, se defendió a sí mismo.
Lo que no responde el embajador –y que es lo único que importa– es si el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a intervenir estructuralmente el mercado interno de armas. No a decomisar más cargamentos en tránsito, sino a regular la producción, cerrar los vacíos legales en la compra-venta, restringir el armamento de alto poder que no tiene uso civil razonable y desmantelar los canales de distribución que alimentan el contrabando desde su origen. La respuesta, que no hace falta buscar en ningún comunicado, es no. La Segunda Enmienda, el lobby armamentista y los intereses de una industria multimillonaria construyen una muralla política que ninguna administración ha querido ni podido derribar.
Mientras la estructura productiva y distributiva del mercado de armas en Estados Unidos permanezca intacta, disminuir el contrabando será una aspiración peregrina y sin anclaje. Los decomisos cuentan armas. No cierran el flujo.
