La ciudad industrial Bruno Pagliai, en Veracruz, tiene un fideicomiso llamado Fondo del Futuro creado para administrar sus recursos. La Asociación de Industriales que opera en el parque se pronunció sobre el decreto que lo extingue. Enterrada al final de ese posicionamiento está la noticia que importa: tres empresas ya se fueron. Se fueron porque las calles estaban rotas y alguien se había robado las tapaderas de las alcantarillas. Se fueron porque el entorno físico en el que operaban dejó de ser funcional.
Todo lo demás —las declaraciones, el proceso, la extinción del Fondo del Futuro— es el marco de una historia cuyo centro es ese dato: empresas que producen, que emplean, que pagan impuestos, decidieron que no valía la pena seguir en un parque industrial que nadie mantenía.
Mientras existía el fideicomiso creado precisamente para administrar esos recursos, los propios industriales salieron a bachear sus calles, a cubrir las alcantarillas descubiertas, a instalar alumbrado. Lo hicieron ellos. Con su dinero. Antes de que lleguen las lluvias y los accidentes se multipliquen. El Fondo del Futuro administró durante años los recursos del parque y el resultado visible es que sus beneficiarios directos tuvieron que sustituirlo con trabajo propio para no quedarse sin infraestructura básica.
¿Cuánto dinero manejó ese fideicomiso? ¿En qué ejercicios fiscales? ¿Qué obras se ejecutaron y cuáles quedaron en proyecto? ¿Cuántos empleos representan las tres empresas que ya se fueron? Las respuestas no están en el posicionamiento. Tampoco en ninguna declaración pública reciente de las autoridades responsables. Lo que sí está documentado es el deterioro: calles sin mantenimiento, alumbrado inoperante, drenaje sin protección. Un parque industrial en esas condiciones no compite. No atrae inversión. Expulsa la que ya tiene. El silencio alrededor de las cifras del fideicomiso no es un accidente administrativo: es parte del problema.
La Asociación de Industriales pide ahora la municipalización del parque. Es una señal que merece leerse con cuidado. El sector privado instalado en esa zona no está pidiendo más autonomía ni un fideicomiso mejor diseñado. Está pidiendo depender directamente del municipio. Eso significa que la figura del fideicomiso como mecanismo de administración independiente perdió toda credibilidad entre quienes más tenían que ganar con su buen funcionamiento. Cuando los propios beneficiarios de un instrumento piden que lo disuelvan y lo sustituya la autoridad más cercana, el instrumento no falló por falta de recursos: falló por falta de propósito real.
El presidente de la asociación, Gerardo Correa, fue preciso al describir lo que el Fondo del Futuro dejó de hacer: cumplir con los objetivos para los cuales fue creado, bajo principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. La frase es técnica pero la situación es concreta. Hay calles rotas. Hay alcantarillas sin tapadera. Hay empresas que se fueron. Y hay un fideicomiso que operó durante años sin que ninguno de esos problemas se resolviera.
La municipalización puede ser la salida más razonable en lo inmediato. El municipio tiene obligaciones legales de servicio que un fideicomiso privado puede ignorar sin consecuencias visibles. Tiene que responder ante el cabildo, ante el presupuesto público, ante el ciclo electoral.
Esa presión no garantiza eficiencia, pero sí genera un circuito de responsabilidad que el Fondo del Futuro nunca tuvo. La pregunta es si el municipio de Veracruz tiene capacidad real para absorber la administración de un parque industrial en el estado en que se encuentra, o si la municipalización termina siendo otro nombre para el mismo abandono.
Lo que ningún decreto de extinción resuelve es la pregunta que antecede a cualquier rediseño: qué pasó con los recursos que ya entraron. Eso no se atiende con una reestructura institucional. Se atiende con una auditoría.
