La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se logró una sentencia condenatoria de 17 años de prisión al exdirector de Servicios Periciales Gilberto “N”, tras ser declarado responsable del delito vinculado con la desaparición de personas.
Como resultado de una investigación ministerial sólida y el desahogo de pruebas en el juicio, se acreditó que, el ahora sentenciado, cuando era servidor público, tuvo conductas orientadas a ocultar el hallazgo del cuerpo de la víctima, así como a alterar las circunstancias de su localización, con la finalidad de encubrir un hecho constitutivo del delito de desaparición forzada de personas.
Los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2016. Tras la valoración de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional determinó la responsabilidad penal del imputado dentro del Juicio Oral J-104/2024, en términos de lo previsto en la legislación aplicable en materia de desaparición de personas.
La autoridad judicial, además de imponer la pena privativa de la libertad, determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos; así como la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y la reparación del daño.
Piden colectivos ampliar investigaciones
“La justicia no puede detenerse en la responsabilidad de una sola persona”, expresaron integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos, a través de un pronunciamiento, previo a la audiencia de individualización de sanciones del exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto “N”.
En el documento, pidieron ampliar las investigaciones en el caso del policía estatal David Lara Cruz, quien fue desaparecido y hallado sin vida en la barranca de La Aurora, en enero del 2016; y es que consideraron que la vinculación a proceso de un exfuncionario no garantiza el acceso pleno a la verdad y la justicia.
El 31 de marzo se informó que el exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto “N”, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición de personas. El juez de enjuiciamiento, Roberto Santos Maldonado Morales, acreditó la probable responsabilidad penal del exfuncionario en agravio de la víctima, dentro de la causa penal J-104/2024, derivada de la carpeta UIPJ/DXI/10°/169/2016.
Los colectivos señalaron que el proceso judicial debe ir más allá de una sola persona sancionada, en este caso Gilberto “N”, y alcanzar a quienes integraban la cadena de mando dentro de la policía estatal. “Ocultar la verdad también es desaparecer”, advirtieron, al insistir en que es necesario investigar quién dio la orden, quién permitió las irregularidades y quiénes encubrieron los hechos.
“La desaparición de personas no termina con la privación de la libertad. Continúa cuando se oculta información, cuando se alteran hallazgos, cuando no se preserva la cadena de custodia, cuando se simulan investigaciones o se manipulan registros. Cada una de estas acciones prolonga el sufrimiento de las familias y constituye una forma de violencia institucional. Ocultar cuerpos, alterar su localización o impedir su identificación no sólo rompe la legalidad: rompe la confianza en las instituciones encargadas de investigar. Y cuando la cadena de custodia se vulnera, también se vulnera el derecho a la verdad”.
David Lara Cruz desapareció en 2016 tras ser detenido por elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz; se presume que fue trasladado a instalaciones de la dependencia, donde fue privado de la libertad de manera ilegal. Su detención no fue registrada oficialmente.
Con el paso del tiempo, se documentó que su cuerpo fue ocultado y que hubo manipulación de evidencias por parte de autoridades encargadas de investigar el caso, incluido personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que retrasó su identificación y el acceso a la justicia para su familia. Sus restos fueron localizados en la Barranca La Aurora, en las inmediaciones de la Academia Estatal de Policía.
Los colectivos denunciaron que prácticas como la alteración de restos humanos, la manipulación de registros o la omisión en la cadena de custodia constituyen una forma de violencia institucional que prolonga el sufrimiento de las familias.
“La ocultación de hallazgos y la alteración de la verdad en casos de desaparición difícilmente ocurren sin conocimiento, autorización o tolerancia dentro de una estructura institucional. Por ello, es indispensable que las autoridades continúen investigando quién dio la orden, quién permitió estas acciones y quiénes integran la cadena de mando responsable. La verdad completa exige esclarecer no solo quién ejecutó los actos, sino quién los decidió, quién los encubrió y quién dejó que ocurrieran”.
En ese sentido, recordaron que el Estado tiene la obligación de investigar con debida diligencia, preservar indicios, garantizar la identificación de las víctimas, informar con veracidad a las familias y sancionar a quienes obstruyan la justicia.
Además, advirtieron que la falta de información oportuna y la opacidad en los procesos generan desconfianza y propician la revictimización. Las organizaciones insistieron en que la justicia no puede limitarse a castigar a un solo responsable, ya que las irregularidades en casos de desaparición suelen implicar estructuras institucionales más amplias.
Finalmente, reiteraron que continuarán en la búsqueda de sus familiares y en la exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición, al advertir que cada omisión institucional contribuye a prolongar la desaparición.
