Orizaba, Ver.- Más de 7 mil 600 elementos, entre personal operativo y administrativo del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) se encuentran actualmente sin seguro de vida, situación que ha generado inconformidad y preocupación en la corporación.
De acuerdo con señalamientos de los trabajadores, la contratación de este beneficio debió concretarse en los primeros días de enero de 2026, lo cual no ocurrió.
En 2025, cada elemento operativo contaba con una cobertura de aproximadamente 80 mil pesos, lo que en conjunto representaba una bolsa superior a los 600 millones de pesos, considerando a la totalidad del personal, aunque con montos diferenciados para el área administrativa.
Esta prestación era financiada con recursos del instituto y contratado con la aseguradora GNP, por lo que la omisión de este año marca la primera ocasión en que los elementos laboran sin esta prestación básica.
La responsabilidad de esta situación ha sido atribuida por los trabajadores al comisionado del instituto, capitán Luis Fernando Baños, quien ha sido objeto de críticas desde su llegada al cargo.
Señalaron que, además del seguro de vida, persisten carencias en rubros fundamentales como uniformes, botas y otros insumos, los cuales, afirmaron, en algunos casos han tenido que ser cubiertos con dinero de los mismos uniformados.
Aunado a ello, los inconformes denunciaron presuntas irregularidades administrativas, como la falta de declaraciones patrimoniales, cumplimiento fiscal ante el SAT y opacidad en el manejo de recursos.
Por este motivo solicitaron la intervención de la Contraloría General del Estado (CGE) y del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para que se practique una revisión exhaustiva de las finanzas del instituto ante el temor de posibles actos de corrupción, desvío o malversación de fondos.
De manera anónima, elementos del IPAX expresaron su descontento, señalando que la corporación ha perdido solidez institucional con el paso de los años.
Acusaron un crecimiento desmedido de personal administrativo y de mando, lo que aseguraron, ha originado una carga económica que impacta directamente en las condiciones laborales del personal operativo, quienes enfrentan jornadas extensas sin acceso a prestaciones básicas.
Ante este panorama, los trabajadores demandan una respuesta clara de las autoridades estatales, así como la regularización inmediata de sus derechos laborales.
Señalaron que la falta de seguro de vida no sólo representa un incumplimiento administrativo, sino también un riesgo directo para quienes diariamente desempeñan labores de seguridad en el estado.
