Abril iba a marcar el fin de una sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. Ese plazo parecía cerrar formalmente una etapa crítica para Veracruz. No será así.
La nueva vinculación a proceso por peculado, relacionada con el presunto desvío de recursos federales destinados a sectores vulnerables, impide la salida del exgobernador Javier Duarte y abre otra fase judicial. El dato es claro: el sexenio no quedó agotado en una sola causa.
El problema no es el calendario. Es la estructura. El gobierno de Duarte operó con endeudamiento elevado, controles débiles y uso discrecional de recursos públicos. No fue una suma de errores administrativos; fue un modelo de gestión sin contrapesos eficaces.
La defensa argumenta que los hechos tienen más de una década y que la prisión preventiva debe revisarse. El derecho a impugnar existe y debe ejercerse, pero la antigüedad no elimina la obligación de esclarecer el uso de recursos etiquetados para población vulnerable. El tiempo no convierte en irrelevante el posible desvío de fondos públicos.
Abril deja de ser fecha de liberación y se convierte en punto de evaluación. No sobre la persona, sino sobre el sistema. La pregunta no es cuánto tiempo debe permanecer en prisión. La pregunta es si el Estado consolidó mecanismos que impidan repetir ese esquema de gobierno.
Desde 2018 se habló de transformación institucional. Esa transformación sólo será verificable si los controles administrativos, fiscales y penales funcionan sin excepción. La justicia no puede ser selectiva ni episódica.
La prisión de un exgobernador no es reparación automática. Tampoco su liberación habría significado cierre histórico. Lo relevante es que los procesos se sostengan con pruebas, que las responsabilidades se definan y que las reglas queden claras hacia adelante.
Cerrar un ciclo exige algo concreto: que el modelo que lo hizo posible no vuelva a operar.
