Dinero Tropical
Por José Hernández Herrera
Históricamente, los estados del sureste del país, entre ellos Veracruz, han enfrentado el reto de salir de las estadísticas con los peores resultados en materia de pobreza. Desde luego, estas cifras no responden a causas recientes ni a coyunturas de los últimos gobiernos. Se trata en el caso de Veracruz, más bien, de una acumulación de factores históricos que con el tiempo se han vuelto estructurales y que, hay que decirlo con claridad, tampoco han podido resolverse en los últimos veinte años, desde el gobierno de Fidel Herrera hasta el de Miguel Ángel Yunes Linares.
Durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, la pobreza en Veracruz, según datos del CONEVAL, aumentó de manera drástica. En el sexenio de Miguel Ángel Yunes Linares, la pobreza se estabilizó con una reducción mínima. En realidad, el único gobierno que ha logrado disminuirla de forma significativa ha sido el de Cuitláhuac García, de acuerdo con datos del mismo organismo.
Para salir de este hoyo de pobreza, lo primero que debe hacerse es dejar de cavar. Esto implica identificar las distintas causas que mantienen este desastre económico en Veracruz y, a partir de ello, construir soluciones viables y con visión de largo plazo. Una de esas soluciones es la promoción de la inclusión financiera, un ámbito en el que Veracruz también presenta resultados desfavorables. Sin embargo, desde mi análisis, la baja inclusión financiera es, hasta ahora, más un síntoma de los problemas estructurales del estado que su causa. El verdadero reto será convertirla en parte del remedio.
Conviene, antes que nada, aclarar qué es la inclusión financiera. En México, se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación adecuada que garantice esquemas de protección a las personas usuarias y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población.
En términos más sencillos, significa tener acceso a los servicios que ofrecen los bancos y otras instituciones financieras, como créditos, seguros, cuentas de ahorro e instrumentos de inversión que generen rendimientos por el dinero depositado. También implica la posibilidad de realizar transferencias y pagos de servicios de manera sencilla, todo dentro de un entorno seguro y regulado.
Por supuesto, para que esto funcione no basta con que exista un banco o un cajero automático en la comunidad; también es indispensable saber utilizarlos. De ahí que la educación financiera sea otro componente fundamental de la inclusión financiera.
Para que la inclusión financiera tenga mayor profundidad y alcance en nuestro país, es necesario priorizar a los grupos vulnerables, como mujeres, personas adultas mayores, comunidades rurales e indígenas, entre otros.
Existen estudios —como los realizados por la doctora Luz del Carmen Díaz Peña, la doctora Georgina Maldonado y el doctor Ignacio Ibarra, profesores del Tecnológico de Monterrey— que analizan la relación entre inclusión financiera, crecimiento económico y reducción de la pobreza en América. En ellos se concluye que, en países emergentes como México, la inclusión financiera contribuye más a la reducción de la pobreza que al crecimiento económico, a diferencia de lo que ocurre en economías más desarrolladas, donde su impacto se refleja principalmente en el crecimiento.
Regresando al caso de Veracruz, en diciembre pasado el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025–2030, cuyo objetivo es impulsar la inclusión financiera tanto de personas como de empresas en México.
Veracruz debe alinearse con esta política nacional para que, desde distintos ámbitos —tanto de la iniciativa pública como de la privada—, se consolide un camino que permita obtener mejores resultados, reflejados en mayor bienestar financiero, reducción de la pobreza y crecimiento económico.
De acuerdo con el Índice Banamex de Inclusión Financiera 2025, Veracruz ocupa el lugar 24 de las 32 entidades federativas. El reto es aún mayor si se considera que en 2021 el estado se ubicaba en el lugar 21 a nivel nacional. No son buenas noticias, pero siempre es mejor partir de la realidad.
Una política estatal que atraiga empresas financieras privadas —especialmente aquellas enfocadas en medios digitales—, una mayor penetración de los servicios públicos financieros, como el Banco del Bienestar, y una estrategia estatal articulada de educación financiera constituyen el camino para avanzar, de manera constante y posiblemente acelerada, hacia la mejora de nuestros deficientes resultados en inclusión financiera.
