La comparecencia del titular de Finanzas no fue una rendición de cuentas: fue una autopsia pública del cadáver político que dejaron dos décadas de gobiernos prianistas. Veracruz no enfrentaba desastres naturales: enfrentaba un desastre fabricado desde el poder. Y el seguro de desastres —ese contrato “técnico” que la oposición defendió durante años— era el instrumento quirúrgico de ese saqueo. No protegía al estado: lo desangraba.
La póliza no estaba diseñada para cubrir daños, sino para garantizar ganancias privadas. Veracruz pagaba millones, pero para activar una cobertura de 360 millones debía desembolsar 320. ¿Qué clase de seguro exige casi el valor completo para reconocer el siniestro? Uno que nunca fue un seguro. Uno que funcionaba como aspiradora de dinero público. Uno hecho a la medida de quienes gobernaron como si el estado fuera una caja registradora.
Ese diseño no fue un error: fue el sello del prianismo veracruzano. Con Miguel Alemán Velasco comenzó la gran simulación financiera. Con Fidel Herrera se consolidó la red de operadores, intermediarios y pactos criminales que compraron silencios y abrieron la puerta al crimen organizado. Con Javier Duarte el saqueo se volvió descarado: empresas fantasma, desaparición de recursos, destrucción institucional. Y con Miguel Ángel Yunes Linares se completó la ecuación: persecución política selectiva, contratos opacos y continuidad del modelo depredador.
Todo ese aparato necesitaba herramientas para seguir drenando recursos.
El seguro fue una de ellas. Por eso hoy causa risa —y rabia— escuchar a la oposición exigir que se mantuviera una póliza diseñada para nunca funcionar. No había obligación legal de contratar nada. La única obligación era moral para ellos: mantener el negocio. Cada declaratoria de emergencia era una oportunidad de cobro. Cada desastre natural, un pretexto para que la aseguradora inflara utilidades y los operadores políticos redondearan comisiones. Lo irresponsable no fue cancelarlo: lo irresponsable fue sostenerlo durante veinte años mientras el estado se hundía. La decisión del gobierno actual de no renovar la póliza devolvió al estado algo que el prianismo había convertido en lujo: liquidez.
Hoy Veracruz tiene más de mil millones disponibles para atender desastres reales, sin pedir permiso a una aseguradora que solo aparecía para cobrar. Esta ruptura no sólo es financiera: es moral. Es la renuncia a un modelo que convertía el sufrimiento de la gente en un cajero automático para unos cuantos. Y, sin embargo, el seguro es apenas una pieza de un rompecabezas obsceno.
La comparecencia reveló un crimen mucho más grave: más de 23 mil millones de pesos en impuestos retenidos a maestras, maestros y trabajadores… desviados. No enterados. No olvidados. Desviados. Cinco años seguidos. Eso tiene un nombre: robo. Un segundo nombre: corrupción. Y un tercero: prianismo.
La deuda original de 11 mil millones casi se duplicó por multas y recargos, y 86 por ciento provenía de la SEV, convertida en una maquinaria clandestina de apropiación de recursos ajenos. Fue un doble saqueo: por arriba, contratos financieros imposibles; por abajo, apropiación ilegal del dinero de los trabajadores. Esa es la verdadera “eficiencia” del viejo régimen: eficiencia para robar. Eficiencia para desviar. Eficiencia para quebrar al estado y luego culpar a quien intenta reconstruirlo.
Hoy los beneficiarios de ese sistema gritan, patalean y acusan “irresponsabilidad”. No defienden un seguro. Defienden el derecho que creyeron eterno: el derecho a seguir saqueando a Veracruz. Por eso invierten millones en propaganda. Por eso se victimizan. Por eso intentan resucitar el fantasma de la supuesta “buena administración” prianista que nunca existió.
La historia ya los juzgó: fueron gobiernos que confundieron el presupuesto público con propiedad privada y la función pública con franquicia familiar. Lo que se está desmontando no es un contrato, sino una industria del saqueo. Y los que hoy lloran no lloran por Veracruz: lloran porque su negocio se acabó.
