Orizaba, Ver.- La administración del rector Martín Aguilar en la Universidad Veracruzana no sólo deberá de enfrentar el probable desvío de más de 1.4 millones de pesos que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó, sino que debe esperar los resultados de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la suma de aportaciones estatales y federales la UV ejerció el año pasado 7 mil 567 millones 515 mil pesos.
De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024, el Orfis detectó en la UV un presunto daño al erario al por un millón 407 mil 317.86 pesos, así como diversas irregularidades administrativas y técnicas en la gestión financiera de la actual administración universitaria.
El documento, presentado tras concluir los plazos legales de solventación, advierte que las aclaraciones y pruebas entregadas por la institución no fueron suficientes para aclarar las observaciones de la auditoría. Por lo tanto, el organismo promoverá el fincamiento de responsabilidades administrativas y la determinación de daños y perjuicios contra servidores y ex servidores públicos que resulten responsables.
En el mismo documento, disponible en la página web del Orfis, se hace un desglose del presunto daño patrimonial y detalla dos rubros principales en los que se concentra el desfalco probable, primero, el financiero presupuestal por un orden de $1,253,774.97 pesos derivados de anticipos entregados a la empresa Cosami, SA de CV, por contratos bajo el número UV-DPCM/F-LP-083/2024. En este caso, la institución inició la rescisión administrativa contra la constructora por incumplimiento en la ejecución de los trabajos pero al cierre del ejercicio no existía resolución que garantizara la recuperación del anticipo.
Además hay observaciones técnicas a la obra pública por $153,542.89, correspondientes al proyecto “Construcción de núcleo de sanitarios para la unidad de Ciencias de la Salud en la región Coatzacoalcos-Minatitlán”. El contrato UV-DPCM/F-LP-015/2023 tuvo un costo de $1,487,169.32 pero la comprobación del gasto resultó incompleta. Faltó evidencia documental como el finiquito de obra, lo que impide constatar si los trabajos se realizaron de acuerdo con lo pagado.
También se señalaron trabajos inconclusos y registros contables omitidos en al menos siete proyectos por un valor de 47.1 millones de pesos. Fueron concluidas en 2023 y 2024 pero no se registraron en las cuentas contables correspondientes a edificios y otras construcciones. Entre las obras observadas destacan la sustitución del edificio A de la Facultad de Ingeniería; infraestructura en facultades de diferentes regiones universitarias. Pese a que los trabajos fueron entregados la falta de registro contable constituye una deficiencia administrativa grave pues impide determinar correctamente el patrimonio de la institución.
Además, más allá del perjuicio económico, el Orfis identificó omisiones administrativas que aunque no generan de manera directa un perjuicio a la Hacienda pública sí evidencian deficiencias en los mecanismos de control interno de la UV.
Entre ellas figuran: falta de firmas en convenios y estimaciones de obra; expedientes técnicos incompletos; irregularidades en convocatorias de licitación; deficiente supervisión de trabajos en campo, lo que derivó en construcciones inconclusas como la primera etapa de un edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías en Orizaba-Córdoba, que fue terminada anticipadamente pese a avances parciales en varias partidas.
El informe señala que estas omisiones violan tanto la Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que podría derivar en sanciones administrativas contra los responsables.
El Orfis, en el mismo documento resumió que, en total, la UV acumuló ocho observaciones financieras; cinco de tipo técnico a la obra pública y 13 recomendaciones para mejorar los sistemas de control interno.
Estas irregularidades no liberan de responsabilidades futuras a los servidores y ex servidores públicos involucrados. Incluso, advierte que podrían enfrentarse responsabilidades civiles, administrativas o penales si se comprueba afectación a la hacienda pública.
Ahora sigue la fase de integración de expedientes de responsabilidades con el que se determinará si los señalamientos derivan en sanciones o procesos legales.
Al respecto, el doctor Rafael Vela Martínez señaló que el Orfis detectó importantes irregularidades en la Universidad Veracruzana. Expuso que el documento indica que las aclaraciones y la documentación presentadas por la universidad no fueron suficientes para solventar las observaciones que sugieren faltas administrativas y un presunto daño patrimonial a la Hacienda pública.
Además, se le suman las siguientes irregularidades, según señala, pues existen partidas en conciliación bancaria por $406,784.16 con más de tres meses de antigüedad que no han sido depuradas; se encontró un saldo de $806,493,365.46 al 31 de diciembre de 2024 en cuentas por cobrar (subsidios federales y estatales) que no ha sido recuperado, además de siete obras concluidas con un valor de $47,181,431.99 que no cuentan con el registro contable de su incorporación a las cuentas de activos fijos, como edificios y otras construcciones.
Se detectaron adquisiciones fraccionadas por $1,832,085.67 sin incluir el IVA, que se realizaron por adjudicación directa en lugar de una licitación simplificada.
A todo esto, se le debe sumar, las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hará al presupuesto federal.
