Marco Vinicio Saldaña Valero
A las fuerzas democráticas del país les preocupa el rumbo de Morena. Hasta ahora se observa la consolidación de grupos de interés que alejan a la militancia o la convierten en sus empleados, estableciendo una relación de amo y esclavo que contraviene los principios democráticos de una organización progresista.
La Presidenta tiene razón en negar que encabece un gobierno autoritario y que el Estado mexicano, en deconstrucción y reconstrucción, se encamine a renovar el partido de Estado. Sin embargo, las circunstancias y la búsqueda por acelerar los cambios y consolidar una correlación de fuerzas afín al nuevo oficialismo validaron el pragmatismo y, con ello, capas sobrepuestas que, para algunos, ya han devenido en el debilitamiento y, por lo tanto, en el cambio de la correlación de fuerzas. Lo que corre el riesgo es que la transición y transformación tengan más obstáculos que oportunidades.
La convocatoria para la elección de candidatos a presidentes municipales y síndicos en los estados de Durango y Veracruz, lanzada por el Comité Ejecutivo Nacional, mantiene la concentración del poder en los órganos internos y procedimientos típicos de la discrecionalidad y opacidad.
Ya Hipólito Rodríguez narra en este medio, en el artículo intitulado “Una Morena con dos velocidades (y sin reversa)”, que ésta es la cultura dominante en la organización. Aunque, por eso de la esperanza, sostiene que “la reversa podría presentarse si se vuelve a los viejos moditos que Pablo González Casanova denunció en su libro de hace 60 años.” Está claro que la organización tiene una fuerte dosis de bases de verticalidad, autoritarismo, cupular y facciosa.
Me preocupa que, a estas horas del partido, no haya alguien que se cuestione si el partido debe ser partido en el gobierno o partido del gobierno. Más cuando, a los ojos de quienes detentan el poder de interlocución en la organización, el corazoncito siempre mantiene la fe de que pueden voltear a seleccionar a cualquiera de los postulantes sin ser objeto de deseo.
Lo cierto es que, a la fecha, hay un deterioro sin precedente del partido Morena, que lo ausenta del debate nacional, de capacidad de movilización y de actuar en el territorio más microscópico del país. El decálogo lanzado por Luisa María Alcalde es limitado y no abona realmente a la democratización de los tres órdenes de gobierno en el ámbito federal, estatal y municipal; no hay una mención a la transparencia, rendición de cuentas y, más allá de aquellas decisiones que representan “conflicto o alguna decisión difícil”, no hay una propuesta para que, de manera transversal, la participación ciudadana acorte la brecha entre el poder político y la sociedad civil.
Por supuesto, el inmovilismo de Morena y los mecanismos que posibilitan la elección de candidatos a puestos de elección popular ponen en duda liderazgos, capacidades, fortalezas y comprensión de las circunstancias y coyunturas actuales. Es más, se carece de una visión sistémica del conjunto de los cambios que se deben emprender para alcanzar la condición de un estado democrático.
El Comité Ejecutivo Nacional y estatal no plantean una línea política y, por lo tanto, en esa discrecionalidad que le otorga la Convocatoria, es capaz de seleccionar a quien se ha identificado como distante a las posiciones del partido, pero que, como consecuencia de una política de alianzas que solamente la dirección identifica y conoce, aparece en la lista de postulantes.
La vida orgánica no se puede mantener en el estado actual. Morena se debe democratizar urgentemente y estar en la vanguardia de los principios democráticos que representan, con el objeto de que los demás partidos y organizaciones resulten inoperantes en términos de eficiencia y eficacia política en el escenario nacional.
Ojalá la instancia encargada del proceso abra un proceso de presentación pública de los precandidatos seleccionados y se evalúe la visión, los recursos, los instrumentos, las políticas públicas, representación y capacidad de acumular fuerzas sociales que tienen los que se postulan.
También genera una cultura de contrapesos, que, procedentes de la misma organización, fortalece la institución y tiene un efecto multiplicador en la práctica política, gubernamental y en la vida en comunidad.
