Agencias
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a todas las autoridades a efectuar acciones urgentes a favor de las mujeres que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo.
Pidió identificar a todas aquellas que enfrentan un proceso o una sentencia en prisión de este tipo a fin de que accedan a la interposición de recursos legales que de manera pronta les permita obtener su libertad, con base en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en septiembre del año pasado declaró inconstitucional la penalización del aborto.
Afirmó que el no respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, principalmente los relacionados con elegir respecto de su cuerpo, de sus derechos sexuales y reproductivos, y el que se les criminalice por interrumpir su embarazo, constituyen violaciones a sus garantías y trastoca su dignidad, “su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la personalidad al anular su derecho a decidir y a vivir una vida libre de violencia”.
La CNDH refirió que durante octubre envió solicitudes de colaboración al Instituto Federal de Defensoría Pública, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a la Coordinación de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, en específico al Cefereso 16; así como, a las 32 autoridades de los sistemas penitenciarios estatales del país, para conocer las acciones sustantivas que se han realizado, y/o que se están implementando, para dar debida atención al criterio emitido por la SCJN, en el que se albergan a mujeres susceptibles a ser beneficiadas respecto del alcance y efectos de dicha sentencia.
No obstante, de las respuestas emitidas tanto de los sistemas penitenciarios a nivel federal como estatales observó discordancia en la información brindada, puesto que dichas instancias manifestaron que, debido a la inexistencia de mujeres privadas de la libertad por ese delito, la autoridad no había realizado acciones para brindar información a las personas privadas de la libertad de la sentencia emitida.
