Fernando Inés, Emir Olivares y Alonso Urrutia
Orizaba, Ver.- La deportación masiva de migrantes anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pone en riesgo a miles de personas al regresarlas a México sin oportunidades laborales, lo que podría colocarlas directamente en manos de la delincuencia organizada, así lo advirtió Gerardo Gallardo, representante de la Federación de Migrantes Veracruzanos en Estados Unidos, quien subrayó que esta situación representa un grave problema social y de seguridad.
“El mayor peligro para los migrantes deportados es que, al no encontrar empleo, sean reclutados por grupos de la delincuencia organizada. Estas personas regresan sin opciones reales de trabajo y con un estigma social que les cierra puertas. En su desesperación, podrían caer en actividades ilícitas para sobrevivir”, declaró Gallardo.
El representante explicó que el contexto económico y social de México no está preparado para recibir a las personas deportadas en gran escala. Esto las deja en una situación de alta vulnerabilidad, ya que muchos provienen de familias que dependían de las remesas enviadas desde el extranjero y ahora regresan a un país con altas tasas de desempleo.
“La delincuencia organizada no pierde la oportunidad de captar a personas en situación de precariedad. Ante la falta de empleo y apoyo, los deportados son un blanco fácil para estas redes criminales, que les ofrecen ingresos rápidos a cambio de involucrarse en actividades ilegales. Es un escenario alarmante y muy probable”, señaló.
Gallardo destacó que el problema se agrava debido a la situación laboral en México. La tasa de desempleo es elevada y no existen programas efectivos que permitan absorber a los migrantes en el mercado laboral.
“México no cuenta con una infraestructura económica que pueda ofrecer alternativas de empleo a quienes son deportados. Muchos regresan a zonas rurales o marginadas donde las oportunidades son prácticamente inexistentes, lo que los empuja aún más hacia actividades ilícitas”, explicó.
Además, indicó que la falta de políticas públicas para la reintegración social y económica de los migrantes deportados incrementa el riesgo de que estas personas sean marginadas y, eventualmente, reclutadas por organizaciones criminales.
Ante este panorama, el representante de los migrantes veracruzanos exhortó al gobierno federal y estatal a implementar estrategias inmediatas para atender la crisis que podría darse con la deportación masiva.
“Es indispensable que el gobierno mexicano diseñe programas de empleo y reintegración para evitar que estas personas caigan en manos de la delincuencia organizada. Si no actuamos ahora, el impacto en la seguridad del país será devastador”, advirtió.
También pidió a las autoridades locales, particularmente en estados como Veracruz, que trabajen en coordinación con la Federación para ofrecer opciones de desarrollo económico y social a los migrantes deportados.
Veracruz, como uno de los estados con mayor número de migrantes en Estados Unidos, se verá especialmente afectado por esta política. Gallardo señaló que muchas familias en comunidades veracruzanas dependen económicamente de las remesas enviadas por sus familiares en el extranjero.
“Con la deportación, no sólo se perjudica al migrante que regresa, sino también a las familias que pierden esta fuente de ingresos. Esto incrementará los niveles de pobreza y marginación, dejando a más personas en situación de vulnerabilidad”, explicó.
Finalmente, Gallardo insistió en la importancia de crear políticas que prioricen la integración laboral de los migrantes deportados para evitar que sean absorbidos por la delincuencia. “Lo que está en juego no es sólo el futuro de los deportados, sino también la estabilidad social y económica del país”, concluyó.
“Conspiración” posibilita acceso ilegal de armas de EU: FGR
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que existe “toda una especie de conspiración” para que puedan penetrar a México de manera ilegal una gran cantidad de armas de fuego procedentes de Estados Unidos que caen en poder de grupos criminales.
Esto, denunció, porque los esfuerzos de las autoridades mexicanas se topan con obstáculos en los sistemas de control estadounidense que responden con atrasos a las solicitudes de rastreo hechas por México.
“Cómo es posible que una producción de armamento, que es una producción industrial donde se lleva un catálogo clarísimo de cómo se formulan todas las armas, cómo se arman, cómo se establece toda la cadena de producción y luego cómo se comercializa; y a partir del momento de la comercialización, todos los esfuerzos mexicanos para poderle dar seguimiento a las armas que estamos deteniendo aquí, se encuentran con un tope dentro del sistema estadounidense, en que los sistemas de control que ellos tienen son de un atraso tal que la información que nosotros pedimos puede tardar meses en llegar.
“Es decir, es toda una especie de conspiración para que se pueda penetrar en México esa cantidad de armamento, esto es un asunto realmente muy muy grave”, enfatizó el fiscal Gertz Manero.
Esto, agregó, indica que la relación entre México y Estados Unidos debe ser muy positiva, a fin de contener este problema de tráfico de armas, “porque es el que provoca y el que multiplica la letalidad de lo que estamos nosotros teniendo que sufrir en México”.
El funcionario destacó la relevancia del informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), porque ratifica “todo lo que ha sufrido México por culpa de la abundancia de este armamento de alto nivel, que ha sido una de nuestras luchas fundamentales”.
Resaltó que asienta que 74 por ciento de las armas que penetran ilegalmente a México provienen de Estados Unidos y que se trata de arsenal “con calibre de 50 y para arriba, y con una capacidad de fuego que no se había visto nunca”.
Añadió: “Es un informe oficial, esto no se había dado en mucho tiempo y los datos que se están haciendo públicos por parte del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, son verdaderamente muy graves por una razón muy sencilla: toda la fuerza de los cárteles delictivos está en su capacidad de fuego, está en su armamento y lo sufrimos a diario, y ustedes han testificado todos los esfuerzos que tiene que hacer las fuerzas armadas del país para contener esa letalidad.
“En ese sentido ha habido toda una política por parte del gobierno de México para impedir la entrada de armamento, de alto riesgo y de alta letalidad, que nosotros siempre habríamos establecido y así se iniciaron procedimientos legales en Estados Unidos sobre estos armamentos”, destacó el fiscal.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un informe relevante porque reconocen desde Washington la problemática.
