Orizaba, Ver. – En el marco del Día Internacional del Migrante, la Fundación para la Justicia subraya una realidad preocupante: “México continúa siendo un país de alto riesgo para las personas migrantes. Este fenómeno, agravado por la presencia de grupos delincuenciales y las propias autoridades policiales y migratorias, representa un desafío urgente para la defensa de los derechos humanos”. Veracruz, es uno de los estados con un importante flujo de migrantes.
Según el comunicado, durante 2024 se han suscitado numerosos eventos con víctimas migrantes en diversas regiones del país. Aunque las cifras son sólo estimaciones y no reflejan la totalidad de los casos, dan cuenta de los graves riesgos que enfrentan quienes transitan por territorio mexicano en busca de mejores oportunidades o seguridad. Los datos recabados por la organización provienen de reportes en medios de comunicación y revelan una preocupante sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos de esta población.
Uno de los factores clave que perpetúan esta situación son las políticas migratorias de contención implementadas en el país. Estas estrategias, en lugar de ofrecer protección y garantizar los derechos fundamentales de los migrantes,los exponen a mayor vulnerabilidad. La Fundación para la Justicia señaló que dichas políticas, impulsadas bajo presión de acuerdos internacionales, han convertido a México en un muro de contención que dificulta el tránsito seguro y refuerza las prácticas de violencia, extorsión y abuso, tanto por parte de autoridades como de grupos criminales.
En este contexto, los migrantes enfrentan múltiples peligros, secuestros, extorsiones, agresiones físicas y sexuales, desapariciones forzadas, e incluso asesinatos. La falta de mecanismos efectivos para investigar estos delitos y garantizar justicia refuerza la impunidad, dejando a las víctimas en un estado de indefensión.
Además, se advierte que las autoridades migratorias no sólo han fallado en su deber de protección, sino que en varios casos han sido señaladas por cometer actos de abuso y corrupción. Esto incluye desde la detención arbitraria de migrantes hasta su entrega a redes de tráfico humano, hechos que han sido documentados por organizaciones civiles.
La Fundación para la Justicia hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para replantear las políticas migratorias actuales, priorizando el respeto a los derechos humanos y la seguridad de las personas en tránsito. Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a supervisar las condiciones en las que viven y transitan los migrantes en México, pues consideran que la crisis migratoria no puede ser tratada únicamente como un problema local.
En el Día Internacional del Migrante, es fundamental visibilizar esta crisis que afecta a miles de personas. Más allá de las cifras, cada caso representa una vida marcada por la violencia y la falta de oportunidades. México, como país de tránsito y destino, tiene la responsabilidad de garantizar rutas seguras y condiciones dignas para las personas migrantes, de acuerdo con los principios de derechos humanos internacionales.
La Fundación para la Justicia concluye su comunicado recordando que la migración no es un delito, sino un derecho que debe ser protegido. Ante los desafíos actuales, se requiere voluntad política y el fortalecimiento de mecanismos de justicia que permitan poner fin a esta crisis humanitaria.
