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CNDH acredita violación a los derechos humanos de mujer detenida por la FGE

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso en evidencia el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns. Ahora por violación a los derechos humanos de una mujer detenida por su presunta participación en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid. En la recomendación 51VG/2022, la CNDH evidenció violaciones graves a derechos humanos cometidas contra una mujer, quien fue torturada y abusada sexualmente, luego de ser detenida en la Ciudad de México y trasladada a esa entidad por parte de policías ministeriales.

El 17 de noviembre de 2020, una madre de familia interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, en la que manifestó que su hija había sido detenida por policías en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y posteriormente trasladada a Veracruz, en cuyo trayecto fue golpeada y amenazada. Por la gravedad del caso, este organismo nacional ejerció su facultad de atracción e inició la investigación correspondiente.

De acuerdo con documentos que se encuentran en el expediente de queja, la víctima manifestó que el 6 de noviembre de ese mismo año, mientras acudía a comprar pan en compañía de sus hijos, fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco. Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente. Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General del Estado fue revisada por un médico quien omitió asentar las lesiones que mostraba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) en Pacho Viejo.

La investigación de la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito.

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