La conmemoración de la masacre del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco cobra una significación muy particular en Veracruz donde los universitarios están en lucha contra una arbitrariedad enorme que pretende imponer por cuatro años a un rector espurio. Hoy como ayer, los universitarios en Veracruz defienden la democracia, la legalidad y la universidad pública.
El 2 de octubre se conmemora la resistencia estudiantil y magisterial contra un régimen político autoritario, contra la vieja universidad vertical y anticuada. Contra el PRI y su cultura política corrupta, clientelar, corporativa y antidemocrática.
El 2 de octubre de 1968 el régimen de Díaz Ordaz, desbordado por la ola democratizadora impulsada por los estudiantes ordenó al ejército, a través del batallón Olimpia, destrozar al movimiento estudiantil y magisterial que demandaba democracia para el país. Días antes del 2 de octubre ya habían sido detenidos por la policía muchos estudiantes, profesores y dirigentes políticos de la izquierda mexicana. En Tlatelolco se disparó a mansalva contra un mitin pacífico y se cobraron cientos de vidas, hubo una gran cantidad de heridos y muchos desaparecidos.
En 68, el viejo régimen estigmatizó al movimiento estudiantil, minimizó sus demandas, ignoró a sus dirigentes, satanizó las protestas, acusó a los universitarios de abusar de la libertad de expresión. Hoy sucede algo parecido en la Universidad Veracruzana: el régimen de la imposición autoritaria y corrupta ha desatado una enorme campaña de persecución, estigmatización, amenaza y violencia laboral e institucional hacia los integrantes de la comunidad que desafían la administración espuria, que rechazan el comportamiento sectario y contrario a la ley de la Junta de Gobierno, que se movilizan en defensa de la legalidad universitaria y el orden institucional.
En 68 los universitarios, a pesar de las consecuencias, plantaron cara al régimen autoritario. Los asesinatos, los secuestros, el encarcelamiento de cientos de estudiantes, profesores y dirigentes populares pudieron frenar temporalmente la exigencia democratizadora, pero al final ésta se impuso en la nación y quienes han sido repudiados por la historia son aquellos represores del viejo régimen autoritario. Lo mismo le va a suceder al rector espurio y a su administración.
En 68, el rector de la UNAM, el ingeniero Barros Sierra jugó un papel digno en defensa de los universitarios, salió a las calles a exigir a liberación de los presos políticos, sobre todo aquellos integrantes de la comunidad, para exigir la salida del ejército y de los policías del campus universitario, para demandar el cese de la represión. En contraste, en la UV son el rector espurio y su banda de la Junta de Gobierno quienes personifican el autoritarismo, el comportamiento autocrático, la falta de transparencia y la violación sistemática de la legislación. Son quienes se oponen y persiguen a la comunidad, quienes limitan sus libertades de expresión y manifestación.
En la UV, la única solución a la crisis institucional desatada por el rector espurio y la Junta de Gobierno pasa, como en el 68, por una profunda reforma democrática del gobierno institucional. El Consejo Universitario en sesión extraordinaria deberá acordar la destitución del rector espurio, la destitución de los integrantes de la actual Junta de Gobierno y la elección de nuevos integrantes, honorables, que gocen de la confianza y el respaldo de la comunidad; deberá elegir una persona que de modo interino se haga cargo de la rectoría; la nueva Junta debería de convocar inmediatamente al proceso de renovación de la rectoría.
A pesar del dolor y la fuerte represión, el 68 abrió paso a una nueva época en México: fue el parteaguas de la transición democrática. En Veracruz, en 2025, como reacción frente al autoritarismo y el agandalle, serán los universitarios quienes diseñen nuevas formas de gobierno, quienes instauren una nueva moralidad pública donde se respete el código de ética de la Universidad, donde haya mayor corresponsabilidad en la gestión, donde se elijan representantes legítimos y prime la legalidad y la democracia.
