Cifras récord que superan los 95.000 casos de una crisis humanitaria en México en la que cada vez hay más menores de edad y mujeres entre las víctimas, siendo los servidores públicos y el crimen organizado los responsables de las desapariciones forzadas.
Así lo advirtió este martes en Ginebra el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas al dar a conocer el informe que realizó después de la visita que una delegación de cuatro miembros realizó a México del 15 al 26 de noviembre del año pasado.
En ese recorrido, los delegados visitaron 13 de los 32 estados mexicanos, se reunieron con más de 85 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con organismos autónomos, cientos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Durante los 11 días que estuvieron en el país, hubo 112 nuevas desapariciones.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, señaló el documento al aclarar que el Estado es responsable no solo por las desapariciones forzadas cometidas por funcionarios, sino también las que llevan a cabo los miembros de organizaciones criminales.
Cuando la delegación terminó su misión el pasado 26 de noviembre, agregó, había 95.121 personas desaparecidas. Este martes, el registro oficial ya reporta 98.894.
De acuerdo con el organismo, estos números significan que ha habido por lo menos 8.000 nuevos casos anuales durante los últimos cinco años.
“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, agregó. Además, víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y la explotación sexual.
El Comité denunció que la situación de los defensores de los derechos humanos es particularmente preocupante, ya que algunos de ellos han sido desaparecidos precisamente por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones.
También reveló que de 2003 a 2021 han desaparecido más de 30 periodistas. Hasta ahora, ninguno ha sido localizado.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo el Comité.
El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52.000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
En sus recomendaciones, el Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
También convocó a eliminar los obstáculos en la persecución penal, prestar la debida atención a las desapariciones de migrantes y abordar la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, afirmó.
Luego de la presentación del informe, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto en el que explicaron que la visita de Naciones Unidas demostró el compromiso que tiene el país con la promoción y protección de los derechos humanos, la apertura “al diálogo constructivo y la cooperación internacional”.
Para ello, informaron, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, será la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a este informe.
