Jorge Salazar García
Gracias a las redes sociales e internet los asuntos de gobierno son, como debieran haber sido siempre, más públicos. Es decir, de acuerdo al calificativo romano dado a quienes no participaban en la cosa pública, hay menos idiotas pues cada vez más gente se interesa en Política. Las conferencias mañaneras del Presidente sin duda han contribuido con ese despertar en los mexicanos, sobre todo con la promoción de las consultas (juicio a los ex presidentes y revocación de mandato) y sus reformas (laboral y energética principalmente) que han exhibido con creces el hoyo negro de la corrupción legada por el régimen neoliberal.
Hoy toca el turno reformar las entidades “guardianes” de la democracia como el INE, partidos, tribunales electorales y poder legislativo. Para intentar comprender los cambios pretendidos con la iniciativa presidencial, se hará primero un recorrido, muy simplificado, por los antecedente de las reformas políticas neoliberales, con dos propósitos: analizar si su existencia se justifica y determinar si es necesaria su transformación.
La idea es aportar elementos objetivos para analizar la reforma político-electoral de AMLO y contestar las preguntas siguientes: ¿Es necesaria?¿Contribuye a la democratización del país? ¿Beneficia al ciudadano? ¿Funcionará en caso de ser aprobada?
Antecedentes.
Naturalmente, esta reforma y las 7 anteriores no nacieron del capricho del gobernante en turno, son producto de presiones internas y externas de grupos que demandan una verdadera democratización del poder público, como puede verse a continuación.
-La primera reforma fue implementada por José López Portillo (1976-1982) su directriz era reducir la creciente simpatía que la ciudadanía tenía por los grupos guerrilleros combatidos con saña durante la guerra sucia (60s). El desprestigio de la dictadura priista eran tan mayúsculo que durante la elección del llamado “defensor perruno del peso” no hubo candidatos de oposición. Producto de presiones provenientes de la nomenclatura política, los intereses privados y partidistas quedaron a salvo. Con el propósito de recuperar la confianza ciudadana, el Presidente, pretendió legitimar la autoridad electoral dando paso a una democracia gradual, paulatina pero absolutamente controlada por el Estado.
-La crisis económica y el brutal endeudamiento hizo necesaria la segunda reforma (1986). Antes, el poder empresarial le impuso a López Portillo su candidato, el banquero Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) quien mediante su política de “renovación moral” impulsó la “modernización” de la estructura legal y administrativa de los procesos electorales. Es cuando el número de diputados de representación proporcional pasó de 100 a 200. Desde entonces el pastel se reparte entre 500 miembros del Congreso. De ese modo el PRI formaliza su alianza con el PAN, sellada dos años después. Se facultó al PRI (partido mayoritario) obtener diputaciones “plurinominales” y se incluyó la cláusula de gobernabilidad para impedir la sobrerrepresentación de ese partido (PRI). Sobresale la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOL). Esta instancia dirimía las controversias electorales aunque las elecciones eran calificadas por los Colegios Electorales de las cámaras de diputados y senadores. La reforma quedó corta pues el PRI se aseguró mantener el control de la Comisión Federal Electoral (CFE). Precisamente esta Comisión, dependiente de la secretaría de gobernación fue la encargada de organizar la fraudulenta elección presidencial de 1988. El secretario de gobernación era Manuel Bartlett Díaz, actual director de otra CFE (Comisión Federal de Electricidad).
-El diabólico Salinas (1988-1994), urgido de reconocimiento, promulgó su propia reforma. Sustituye la Comisión Federal Electoral con el Instituto Federal Electoral (IFE). A Bartlett le paga enviándolo a la Secretaria de Educación. Presume iniciar la llamada ciudadanización del IFE al permitir formar parte de ella a quienes no tuvieran vínculos partidistas. Es entonces cuando se engendra el actual TRIFE (Tribunal Federal Electoral). Asimismo se comienzan a fiscalizar los gastos de campaña y el financiamiento privado de los partidos y se les obliga a rendir cuentas anualmente. Fue un fracaso: los partidos siguieron siendo fábricas de ricos y la ley sólo sirvió para extorsionar pues no tenía contemplados auditores. La reforma Salinista con todo y TRIFE y la permisividad de aceptar observadores electorales, no logró la transparencia electoral prometida. En 1993 (4ª reforma) Salinas agrega dos cosas más: perfeccionó el control sobre la ciudadanía creando de la credencia de elector y repartió más el pastel aumentando las curules senatoriales de 64 a 128. La insurrección zapatista y el asesinato de Colosio y de otros destacados políticos, probaron el fiasco de estas reformas.
-Correspondió a Ernesto Zedillo (1994-2000), actual empleado de una trasnacional, emitir la quinta reforma (1996) electoral con el cacareado objetivo de generar condiciones reales de equidad en la competencia electoral. Gracias a esta, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección en la ciudad de México; el PRI perdió, por primera vez la mayoría absoluta en la cámara de diputados y fue expulsado de palacio nacional en el 2000. Hubo señales claras de apertura en la CFE permitiendo a los partidos tener una representación (sin voz ni voto) en el Consejo General. Los consejeros magistrados pasan a ser consejeros ciudadanos, pero la CFE continúa siendo presidida por el secretario de gobernación.
De la cabeza de Fox (exempleado de la Cocacola) no salió reforma alguna. Simplemente, obedeciendo a los empresarios, anuló de facto lo pocos avances democráticos alcanzados. Sometió a partidos, autoridades electorales, magistrados y tribunales para imponer a Felipe Calderón en la presidencia, consumándose el evidente fraude de 2006.
Al siguiente año, (2007), Calderón emite su propio mamotreto con el cual buscó racionalizar el financiamiento público de los partidos, reducir gastos y tiempo de campaña (de 160 a 90 días) y hacer predominar la aportación pública sobre la privada. También se crearon normas para regular el acceso de los partidos a los medios y prohibiendo publicidad electoral en los electrónicos.
-Llegado 2014, con Peña Nieto en la presidencia, su “México exitoso” parió la última reforma. Consolidó los cacicazgos partidistas, legalizó la REELECCIÓN legislativa en el ámbito federal hasta por dos y cuatro periodos y aumentó de dos a tres por ciento la votación mínima requerida a nivel nacional para que los partidos conservaran su registro. Crea el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución de la CFE y engendró los llamados Organismo Públicos Locales Electorales, (Oples) los cuales se encargan de la cuestión electoral a nivel local.
Como puede descubrirse, durante todo el largo y tortuoso periodo neoliberal, tanto los Presidentes como los partidos presumieron parir la mejor reforma que daría certeza, confiabilidad y transparencia a las elecciones pero, sobre todo, haber democratizado al país. Contradictoriamente, cada una de ellas constataba el fracaso de la anterior ¿Por qué cambiar lo que supuestamente funcionó?
El proyecto de reforma de López Obrador pretende mejorar lo positivo y corregir lo que no funciona. Estos son 8 de los cambios, sintetizados, más difundidos en los medios:
-Transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
-Disminuir el presupuesto al INE, reduciendo salarios y el número de consejeros (11 a 7)
-Elección de consejeros y magistrados electorales por el voto popular previas listas de candidatos propuestas por los tres poderes de la Unión.
-Desaparecer los Organismos Públicos Locales (Oples) y tribunales electorales estatales, centralizando la organización de las elecciones (Federalización) en el INEC y TEPJF.
-Reducir del número de senadores y diputados para pasar de 500 a 300 diputados, y de 128 a 96 senadores elegidos mediante listas partidistas estatales.
-Dar financiamiento a los partidos únicamente para elecciones; ya no habría dinero para el gasto corriente. -Disminuir los tiempos oficiales del INE en radio y tv y la propaganda gubernamental.-Ahorrar 24 mil millones de pesos promoviendo la participación directa de los ciudadanos en la vida democrática.
Este octavo intento proviene de la crisis de confianza en la autoridad, tribunales electorales así como del desprestigio de los políticos y sus partidos. Sea aprobada o no, la evidente descomposición de los entes políticos mencionada es prueba irrefutable de la inexistencia de una democracia fundada en la soberanía popular. La intención de AMLO es evitar fraudes y dar mayor participación al ciudadano en la vigilancia y elección de las autoridades electorales, lo cual contestaría positivamente la primera pregunta: es necesaria.
Lamentablemente los puntos socialmente más sensibles de la reforma serán anulados por la oposición. Pero eso…, se tratará en el siguiente artículo.
