Astillero

Julio Hernández López

Periódico La Jornada
viernes 18 de marzo de 2022

La llamada Cuarta Transformación (4T) ha pasado a la acción contundente contra obstáculos. En unos cuantos días, el escenario político y judicial se ha poblado de casos que muestran rigor progresivo frente a adversarios o ante contextos críticos.

El trayecto de guerra política ha ido del acuerdo administrativo de noviembre del año pasado, para saltar trámites en cuanto a obras y proyectos considerados estratégicos o de seguridad nacional, hasta la premura con que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación, apenas unas horas después de la aprobación en el Senado, el decreto que a partir de hoy permitirá a servidores públicos (con AMLO en primer lugar) y legisladores hacer propaganda respecto al ejercicio revocatorio de mandato presidencial.

Un punto notable en esa ruta de aceración es el relacionado con la reforma eléctrica. El obradorismo ha mantenido una cerrada defensa de ese proyecto que, a su vez, ha sido duramente objetado por opositores partidistas e intereses empresariales acogidos a gestiones estadunidenses.

Hay prisa y no hay lugar para demasiadas consideraciones. Palacio Nacional defiende al fiscal general de la República, aunque ese manto tal vez no alcance en cuanto a sus conflictos familiares. La frívola alcaldesa de Cuauhtémoc es sometida a proceso judicial y el morenismo fragua la manera de quedarse con esa posición que considera perdió por traiciones monrealistas. Cantado el pleito con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, las piezas legislativas de Morena se mueven en busca de llevarlos a juicio político y deponerlos.

Faltan tiempo y vicisitudes para la postulación de candidatos presidenciales, pero el reloj político de Palacio Nacional es un tambor de guerra. López Obrador tiene plenamente a los mandos de las fuerzas armadas, la mayoría de los gobernadores (más la cosecha de este año), el control (disparejo) de las cámaras y la aquiescencia de ministros de la Corte encabezados por Zaldívar. La 4T se endurece, tácticamente.

El Tribunal Constitucional de Perú acordó ayer (tres votos a favor y tres en contra, ante lo cual el ministro presidente fue el determinante) que Alberto Fujimori, ex presidente de la República, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pudiera acogerse a un indulto que originalmente había concedido el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, inmerso también en acusaciones de corrupción que incluso le llevaron a renunciar al cargo por unas videograbaciones.

“Indulto es insulto”, corearon ayer manifestantes callejeros que empezaron protestas por esa liberación, que se estima se formalizará el lunes o martes próximos. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se habían pronunciado negativamente sobre la posibilidad de ese indulto ahora actualizado. Perú está en una crisis política, con parte del Congreso nacional buscando retirar (vacancia) al presidente Pedro Castillo, un profesor que fue rondero (partícipe en organizaciones comunales de defensa), dirigente nacional del magisterio y derrotó en pasadas elecciones a Keiko Fujimori.

Es importante estudiar lo que está sucediendo en algunas naciones latinoamericanas con gobiernos populares o progresistas en su respectiva gradación. En Chile, el ascenso de una izquierda juvenil a la Presidencia de la República, como producto de fuertes movilizaciones y protestas; en Argentina, el conflicto derivado del refinanciamiento de la deuda de 44 mil millones de dólares firmada en 2018 con el Fondo Monetario Internacional por el derechista Mauricio Macri; en Brasil, la posibilidad de una nueva presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, y en Perú, la batalla de Pedro Castillo, con su sombrero chotano (distintivo de Chota, donde nació el ahora mandatario), ante la pretensión de deponerlo y sus propias tensiones internas (cuatro gabinetes en seis meses de gobierno). ¡Hasta el próximo lunes!

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