Orizaba, Ver.- Las mujeres de las zonas indígenas son otro de los pendientes de los tres niveles de gobierno en el país; el abandono en el que se encuentran agrava más la histórica vulnerabilidad en la que por años viven y de paso exhiben la precariedad con la que el Estado mexicano intenta atender el problema, refiere María López de la Rica, representante y fundadora de la organización Kally Luz Marina, quien también lamenta la indolencia con la que se atiende el problema ya que “no hay ni recursos económicos, ni de personal, además de un gran desconocimiento de las legislaciones en materia de defensa de los derechos de las mujeres”.
Nos da la impresión de “que el gobierno, en sus tres niveles, no tiene la voluntad política para atender de manera eficiente la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres indígenas”.
En este caso, explica, no hay suficientes recursos económicos oficiales para atender este problema que dejó de ser regional, “es poco el dinero que se etiqueta para atender ese tema, por ejemplo, las fiscalías en donde se acompañan las mujeres que deciden anteponer una denuncia por violencia y romper con el círculo al que son sometidas, en el caso de Orizaba, no tienen personal suficiente para atender la demanda de mujeres que deciden actuar en consecuencias y presentar la denuncia para se haga justicia en su situación, pero no hay personal. Las fiscalías tienen una grave escasez de personal, por ejemplo, en la Fiscalía Regional de Orizaba y Zongolica solo está la titular, un auxiliar, pero no hay trabajadoras sociales, no hay psicólogas, es muy poco el personal que hay, además que hay procesos que están detenidos desde 2017 por estar mal integrados”.
Aun con los avances en materia de leyes que defienden a las mujeres del tema de la violencia, la realidad en el campo es mínima ya que “las mujeres en la zona serrana viven violencia desde el seno de la familia. Ahí hay violencia física, psicológica, económica, emocional”.
No obstante, advierte que por las condiciones en las que se encuentran “pareciera que las mujeres indígenas están pasivas ante esta situación, pero sentimos que no es así porque cuando alguna de ellas acude la autoridad comunitaria la misma autoridad desconoce los derechos humanos, el acceso a una vida libre de violencia, desconoce los tratados internacionales y nacionales que protegen los derechos de las mujeres y que el gobierno se comprometió a cumplir, pero que desde el 2011 están a nivel de rango constitucional”.
Lo peor es que cuando “se deciden a acudir a los ayuntamientos, el personal tampoco tiene mucha preparación e incluso las hacen responsables y las revictimizan, por eso decimos que a pesar de los avances sigue habiendo violencia en contra de las mujeres”.
