Al menos 212 niños, niñas y adolescentes son trabajadores o se encuentran en situación de calle en la zona de la periferia en Xalapa. Sin embargo, el número puede ser mayor, estima la asociación civil para la defensa de los derechos de las infancias Matraca AC.
La directora de Matraca AC, Érika Antonio Blanco, dijo que desde la organización que dirige se emprenden acciones para restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes en colonias vulnerables de la ciudad, pero destacó que hace falta más apoyo de instituciones gubernamentales y la sociedad civil para mitigar este creciente problema.
Hay que trabajar desde la causa, no la consecuencia
Antonio Blanco destaca que de los 212 niños, niñas y adolescentes son algún tipo de riesgo, se han identificado en las colonias Plan de Ayala, Miguel Alemán, Luis Donaldo Colosio, Los Puentes y El Moral.
Y destacó que desde Matraca tratan de ayudarlos con servicios médicos, apoyo psicológico, escolar y alimenticio.En este sentido, hizo hincapié en que falta trabajar más en paralelo con las familias de estos infantes.
“El apoyo a las familias es importante porque no podemos trabajar desde la consecuencia sino desde la causa y la causa es también el trabajo con las familias de los niños. Tenemos diferentes trabajos como talleres productivos con las mamás y papás para que ellos puedan tener un mejor trabajo y con esto darles una mejor vida a los niños”.
En ese sentido, la directora de la asociación explica que es también obligación de instancias estatales dar seguimiento a hogares en donde se presentaron violaciones a los derechos de los niños, ya que “el Estado tiene que implementar todas las medidas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes estén bien y se desarrollen de una forma plena”.
Antonio Blanco destaca la injerencia que ha tenido Matraca AC en la implementación de políticas públicas en Veracruz, por ejemplo como en la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Hay que cuidar todos los derechos del niño. No solamente vas e insertas al niño dentro de su casa, sino que se tiene que vigilar que se dé cumplimiento a todos sus derechos: educación, salud, alimentación, el derecho a la familia. Sí hay ciertas leyes e instancias para restituir los derechos del niño implementadas por el DIF que hay que acatar”.
¿Qué falta para garantizar los derechos de las infancias?
En opinión de Érika Antonio Blanco no solamente se requiere del accionar de las autoridades en pro de los derechos de los niños. En cuanto a la sociedad civil considera la directora de Matraca que es fundamental concientizar y sensibilizar a la sociedad civil y escuchar a las infancias:
“Hace falta apoyo de la sociedad civil, no solamente es del estado, sino que es parte de la sociedad civil esta conciencia que se haga de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A veces vas pasando por un semáforo y ni los volteas a ver o les cierras los vidrios”.
“Por eso es importante esta parte de la sensibilización ante la sociedad para que cuiden a niñas, niños y adolescentes que son el futuro del país y parar el adultocentrismo en donde no escuchamos a las infancias e ignoramos sus derechos. Ellos tienen mucho que decir. Para Matraca su voz es que más vale preocuparnos en que tengan infancia y puedan decir ‘quiero esto’ o ‘necesito aquello’ y con base en eso actuar nosotros también”.
Iniciativa para garantizar la dignidad humana póstuma
El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para garantizar la dignidad humana póstuma y ésta pueda ser reclamada por sus deudos: cónyuge, hijos, padres o familiar inmediato. De esta manera, quien difunda contenido gráfico explícito de personas sin vida, sin el consentimiento expreso de sus deudos, será castigado hasta con 17 años de prisión.
La propuesta fue presentada por el coordinador de los diputados federales priístas, Rubén Moreira y su correligionaria Lorena Piñón. Plantea que en el momento en que un ser humano haya perdido la vida de manera natural, accidental o por la comisión de un presunto hecho delictivo, debe tener garantizada legalmente la dignidad humana póstuma.
Al explicar la iniciativa, Piñón puntualizó que modifica los artículos 22 del Código Civil Federal; 4 y 5 de la Ley General de Víctimas y el 462 de la Ley General de Salud, para que haya derechos y obligaciones en el tratamiento de los cadáveres y componentes histopatológicos. Resaltó que esta propuesta beneficia a los dolientes por el trato respetuoso y considerado que se le debe dar al cadáver.
En el marco de la crisis sanitaria mundial, el documento recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los países a respetar y garantizar los derechos de familiares de las personas fallecidas por la pandemia, con sus ritos mortuorios de manera adecuada a las circunstancias y, con ello, contribuir a la preservación de su memoria y homenaje.
Por su lado, la diputada morenista Dulce María Silva presentó una iniciativa de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, para aumentar las penas contra quien almacene, posea, vea, adquiera o arriende para sí o para un tercero, pornografía infantil.
Desde su expedición en 2012, expuso que este ordenamiento no ha tenido ninguna reforma significativa, pese a que el delito de trata ha aumentado y se ha sofisticado en su modalidad de pornografía infantil, debido al creciente uso de nuevas tecnologías.
El documento propone imponer una pena de 10 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días de multa al que almacene, posea, vea, adquiera o arriende para sí o para un tercero, pornografía infantil, sin fines de comercialización o distribución. Así como para quien por cualquier medio reciba dicho material y no denuncie el hecho ante las autoridades.
