Agencias
La oposición rechazó la ampliación de mandato de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Inés Romero Cruz, con el argumento que mantenerla en el cargo “carece de asidero legal”.
En un comunicado, luego de que abandonaron el recinto legislativo, los diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, reclamaron el acto inconstitucional que validó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sin discutirlo con la oposición.
“El día 19 de abril del presente año, cumple 70 años; solicitud que, a todas luces, carece de asidero legal, toda vez que dicha pretensión no tiene cabida en el terreno constitucional”.
La exigencia de los diputados de minoría es que el Congreso del Estado se debió declarar incompetente para dar sustanciación a lo inconstitucionalmente solicitado por Isabel Inés Romero Cruz”. Fuimos testigos de una flagrante violación a las constituciones federal y local, cometida desde la cima del poder público estatal”.
En su documento externaron: “Hoy tenemos un Poder Judicial encabezado por la ilegalidad en complicidad con el Congreso local. Solo a través del cumplimiento de las normas, podemos constatar la existencia de un Estado democrático garante de los derechos humanos de los ciudadanos que resista a las embestidas del uso faccioso del poder”.
Aprobar una disposición inconstitucional es del todo incorrecto, pero además hacerlo violando los derechos del resto de los diputados es peligroso. Nadie debe estar por encima de la ley, por más mayoría que sean, reclaman en el texto que se emitió a nombre de la oposición.
Congreso otorga dispensa de edad a Presidenta del Poder Judicial
Sin la presencia de la oposición, el Congreso otorgó la dispensa de ley a la magistrada Inés Romero Cruz para que continúe en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2022.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso local se presentó solo con la firma del presidente Juan Javier Gómez Cazarín, y no así de Othón Hernández Candanedo y de Anilú Ingram Vallines, del PAN y PRI, respectivamente.
La Constitución establece que cuando un magistrado cumple 70 años se le debe aplicar el retiro forzoso. A la fecha más de una veintena han sido separados del cargo a pesar de que su periodo de nombramiento es de 10 años.
En la lectura del documento se planteó que la permanencia de la funcionaria en el puesto se hace necesaria pues el Poder Judicial enfrenta una crisis económica y administrativa.
Y en caso de aplicar el retiro forzoso a la actual magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura debía nombrar a un nuevo presidente o presidenta, lo cual generaría múltiples decisiones que podrían afectar la aplicación del recurso.
